La decisión del Gobierno de Colombia de intervenir la filial de Gas Natural Fenosa en su país, Electricaribe, con ser una medida negativa, en parte por la imagen, para la empresa que dirige Rafael Villaseca, no es la peor noticia posible.

La intervención de la gestión y de los bienes no ha sido una sorpresa y forma parte de un plan para salvar la filial de distribución eléctrica, que además convenza a todos los afectados: la propia Gas Natural que arrastra una deuda de 1.300 millones de dólares, las empresas a la su a su vez son acreedoras de Electricaribe y las autoridades del país. Y tanto las centrales como las provinciales, que viven más directamente los problemas de cortes de suministro.

Si se ha intentado hacer un paralelismo con los problemas de Repsol en Argentina con la incautación de YPF, medios consultados señalan que la situación es muy diferente. Y en gran parte por el presidente de Colombia, José Manuel Santos quien tiene una buena relación con el Gobierno español.

En este contexto, la intervención da un plazo para alcanzar un acuerdo de capitalización e inversiones, de pago con plazos de la deuda, evitando así la expropiación de acciones y activos.

La resolución de intervención indica que el objeto de la acción se decidirá con base a la legislación lo que da dos meses prorrogables a dos más para tomar la decisión si se expropia, se liquida o si se sigue administrando. Además la norma indica que si no se opta por la liquidación la gestión desde el Gobierno no podrá durar más de un año.

La prensa colombiana haciéndose eco de la versión del Ejecutivo destaca que Gas Natural mantiene la propiedad y que las negociaciones prosiguen.“No hemos quemado la nave ni roto los puentes”, ha manifestado el titular de Minas y Energía de Colombia. Como contrapartida el grupo español habría paralizado sus reclamaciones ante el Ciadi, entidad dependiente del Banco Mundial.