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El Pleno del Congreso ha acordado, tras la aprobación de una enmienda transaccional firmada y apoyada por PP, PSOE y Ciudadanos, impulsar nuevas recomendaciones en el Pacto de Toledo y, entre ellas, abre la puerta a financiar las pensiones vía impuestos.
El acuerdo es fruto de una enmienda transaccional acordada, firmada y apoyada por PP, PSOE, Ciudadanos, PNV, PDCat y Coalición Canaria. No ha habido votos en contra y Unidos Podemos, ERC y Bildu han decidido abstenerse.
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La moción reconoce la necesidad de alcanzar en el Pacto de Toledo un nuevo acuerdo para garantizar el futuro del sistema público de pensiones y urge al Gobierno a iniciar el diálogo social con patronal y sindicatos, presentándoles «una estrategia concreta de medidas» a adoptar para asegurar las pensiones.
En este sentido, llama a que estas prestaciones «sigan cumpliendo su papel de sustitución adecuada de las rentas de activo» y «posibiliten unas rentas dignas y suficientes«. «Todo ello», prosigue la moción aprobada, «en un marco de equilibrio financiero que garantice la viabilidad de futuro del sistema».
Complementar el déficit con dinero recaudado con impuestos
En este sentido, el acuerdo adoptado por los grupos abre la puerta a considerar «la posibilidad de complementar los déficits del sistema mediante ingresos fiscales«. Es decir, financiar estas prestaciones a través de impuestos.
Una vez alcanzado ese acuerdo, según el texto aprobado por el Congreso, el Gobierno presentará la propuesta a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, que deberá debatirla y, posteriormente, alcanzar un nuevo pacto político que contenga nuevas recomendaciones y orientaciones.
El objetivo es «reforzar los principios en los que se basa el sistema público de pensiones», que el Congreso reconoce como los de «solidaridad, equidad y contributividad, atendiendo a la suficiencia y adecuación de las pensiones públicas, contributivas y no contributivas, y la sostenibilidad económico-financiera de las mismas».
Subida del salario mínimo
Por otro lado, el Pleno del Congreso ha dado luz verde este martes a la tramitación de la proposición de ley de En Comú Podem para subir progresivamente el salario mínimo, tras recabar los apoyos de PSOE, ERC, PNV, PDCat y Bildu. La iniciativa solo ha sido rechazada por el Partido Popular y sus socios UPN y Foro Asturias, mientras que Ciudadanos ha decidido abstenerse.
La proposición de ley fija un calendario de subida progresiva de este suelo salarial durante la presente legislatura hasta alcanzar los 950 euros mensuales en 2020. Así, la confluencia de izquierdas pretende fijar una cuantía de 800 euros mensuales –equivalentes a 11.200 euros anuales– en enero de 2018 e incrementarlo hasta los 950 euros mensuales –equivalentes a 13.300 anuales– en 2020.
La iniciativa también recoge que cada año el Gobierno revise, tras consultar a patronal y sindicatos, la cuantía de este salario mínimo, teniendo en cuenta «las necesidades de trabajadores y sus familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país y el coste de la vida«, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.
Brecha salarial respecto a Europa
En todo caso, Unidos Podemos y sus confluencias quieren blindar este suelo salarial –impidiendo su recorte en el futuro– y asegurar un incremento anual del mismo que iguale, como mínimo, las previsiones de inflación.
En caso de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) real superara a las previsiones, la formación que lidera Pablo Iglesias pretende que los salarios se revisen con carácter retroactivo desde el 1 de enero de ese año.
Desde el grupo confederal advierten de la brecha existente entre los 655,20 euros mensuales que hay en España y los del resto de los países de la Unión Europea, poniendo como ejemplo a Francia (1.462 e/m) o Reino Unido (1.202e/m). Asimismo, han recordado los «graves incumplimientos» en materia de derechos humanos que señalaba el Comité Europeo de Derechos Sociales en su informe anual de 2015.
El Congreso ya apoyó subir el SMI
Esta iniciativa es la segunda que debate la Cámara en menos de una semana relacionada con el salario mínimo, ya que el PDECat, antigua Convergència, llevó a la Comisión de Empleo y Seguridad Social una propuesta de incremento del SMI, que incluía también la posibilidad de ‘descentralizar’ estas competencias en las administraciones locales y autonómicas.
Aunque este último punto suscitó división de opiniones en los grupos políticos, la oposición logró acordar un texto conjunto en el que reconocían la necesidad de contar con las administraciones autonómicas para ello, y que fijaba el objetivo de alcanzar un mínimo de 12.000 euros anuales en 2020, para desde allí situarlo en el entorno del 60% del citado salario medio neto.
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