El 25N es un puñetazo en la garganta, un coágulo ardiendo tras los párpados rotos. En Brasil, un hombre lanza en Internet un vídeo íntimo realizado a su ex novia, con su consentimiento, sí, para grabarlo, pero no para difundirlo. A partir de entonces, durante varias semanas, la vida de esta mujer se convierte en un infierno: todos los narcotraficantes de su favela la buscan por la calle, la asedian, incluso la fuerzan, para obligarla a reproducir, con ellos, lo que se ve en el vídeo. Hasta que un grupo de diez adolescentes la secuestran, amenazándola con penetrarla con las ramas de un árbol, con rajarla por dentro, y la violan sistemáticamente. La diferencia entre este caso y los demás es que, cuando ya han empezado, aparece una patrulla de policía, detiene a dos de ellos y la pone a ella a salvo. A salvo, claro, de sus violadores, pero no de las consecuencias del arresto: porque, a partir de ese momento, ella debe acogerse a un programa de protección de testigos, renunciar a su identidad, a su barrio, a su entorno, a su vida. Seguramente a muchos les parecerá que esa identidad, ese barrio y ese entorno, que esa vida, era una mierda, porque hacía posible que le ocurrieran ese tipo de cosas. Pero era la suya, era su piel biográfica, y por eso no había denunciado: no la quería perder, porque no tiene otra. Y precisamente por eso, muchas otras mujeres, en una situación parecida, y hasta más graves, tras ver las consecuencias, deciden no denunciar.

Alguien dirá que esto sucede con más frecuencia en Brasil. O que es habitual en países de América Latina, porque todos hemos leído las novelas de Roberto Bolaño y sabemos lo que ocurre en Ciudad Juárez, o en la otra punta del mundo, en La India. Es decir: es algo que sucede siempre lejos. Pues bien, ya sabemos que esto es una falsedad. Porque en España, no sólo en Pamplona, sino también en otras poblaciones, empieza a extenderse esta modalidad: la violación brutal, la grabación con el teléfono móvil y la posterior difusión, ya sea en un chat privado o en la red. Básicamente podríamos decir que estamos rodeados de hijos de puta: pero, a estas alturas de la violencia de género, definida más acertadamente como terrorismo contra las mujeres, la expresión acaba resultando machista, aunque la reconozcamos. Además, no aporta nada, más allá del relativo desahogo. No nos quedemos en lo evidente y ahondemos en esta hijoputez, que tiene sus grados. Violar a una mujer es algo miserable, es asqueroso; pero hacerlo en grupo, entre risas y cánticos, despierta las ganas de pasarse el Estado de Derecho por la propia vergüenza y pedir para ellos la pena de muerte, si existiera. Pero esto, claro, es otro desahogo. El tipo que además lo graba y lo difunde, está demostrando un deseo interior de destrozar la sociedad desde dentro, de reventarla de ira y rabia, de crueldad insuperable. Lo digo porque el relato de arriba, como imaginarán, es verídico, y porque más allá de los desahogos legítimos, hay que buscar soluciones que parezcan factibles.

Creo que las campañas siguen siendo necesarias, porque dejan su poso leve en el lecho pensante de la mayoría: como la educación, que debería abordar la cuestión de la igualdad desde la formación de la conciencia, en la primera edad. Pero para estos delitos, con su barro de extremo salvajismo, habría que exigir un endurecimiento radical de las penas y blindar un auténtico rechazo social. Nuestro habitual manoseo de palabras apesta ya a impotente estancamiento, y a culpabilidad indirecta.