La Alianza Española tiene problemas para pagar sepelios al menos desde 2009

27/11/2016

Miguel Ángel Valero. Duras críticas de los afectados a la Dirección General de Seguros por la tardanza en tomar medidas contra la aseguradora de Decesos.

El 4 de agosto, el Boletín Oficial del Registro Mercantil publicaba la prohibición a La Alianza Española Sociedad Anónima de Seguros de disponer de “los bienes inmuebles, valores mobiliarios, cuentas corrientes o de depósito, activos financieros y cualesquiera otros activos de los que sea titular”. Tampoco se le permite, “sin la autorización previa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones”, a la aseguradora “realizar actos de gestión y disposición, asumir nuevas deudas, conceder préstamos o prestar garantías o distribuir dividendos”.

Estas medidas especiales significan una intervención de facto de La Alianza Española, aunque la compañía mantenga sus órganos de gobierno y de dirección. Por cierto, la web de la aseguradora no informa de la existencia de esas medidas especiales de la Dirección General de Seguros, que en principio no impiden la captación de clientes.

La Alianza Española, fundada en 1943, se presenta como “una de las pocas aseguradoras con capital social íntegramente español”. Tiene 150 oficinas, cerca de un millón de asegurados, prácticamente todos titulares de pólizas de Decesos, una facturación de 40 millones de euros, y en 2015 registra unas pérdidas de 17 millones, una ratio de solvencia negativa en 600.000 euros, más unas provisiones técnicas para siniestros también negativas en 1,4 millones.

En 2009, nada menos que 7 años antes de que se adoptaran esas medidas especiales, 5 asegurados de La Alianza Española denunciaron ante la Dirección General de Seguros que la compañía aseguradora no pagaba los servicios funerarios contratados en las respectivas pólizas. La Dirección General de Seguros abrió expediente a la aseguradora en septiembre de 2010. Finalmente, la compañía abonó esos servicios, con más de un año de retraso, al intervenir también el Defensor del Pueblo.

En 2011 se detectan nuevos problemas de impago de servicios funerarios por parte de La Alianza Española. Esta compañía tiene el dudoso honor de figurar en la Memoria del Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros como la entidad con mayor número de quejas en relación con su volumen de primas.

El 14 de diciembre de 2011 se constituye la Asociación de Afectados de Seguros de Decesos de La Alianza Española (Afeale), http://afectadosalianza.blogspot.com.es/ con el número 599.750 del Registro General de Asociaciones. Desde entonces mantiene una gran actividad de reclamaciones ante la Dirección General de Seguros, el Defensor del Pueblo, las comunidades autónomas (sobre todo, la Xunta de Galicia, donde tiene su sede la compañía de seguros), el Defensor del Pueblo y los tribunales.

Los problemas de impago de servicios funerarios generan 2 sanciones económicas de la Dirección General de Seguros a la compañía en 2012, otras 3 en 2013, y un buen número de sentencias judiciales contra La Alianza Española.

Sin comentarios

¿Por qué, entonces, se ha tardado 7 años en adoptar medidas contra La Alianza Española por parte de la Dirección General de Seguros? Silencio por respuesta. La directora general de Seguros, Flavia Rodríguez Ponga, se refugia en que “no podemos hablar de entidades concretas”. La misma reacción en otros responsables del supervisor y del Ministerio de Economía, del que depende.

La directora general de Seguros se reunió el 4 de octubre, dos meses después de la adopción de las medidas especiales, con una representación de afectados de La Alianza Española. Un encuentro que no frena, sino todo lo contrario, las duras críticas de los afectados contra la tardanza en actuar contra La Alianza Española por parte de la autoridad reguladora y supervisora.

Al mismo tiempo, los responsables de las principales aseguradoras que operan en España niegan haber recibido indicación alguna por parte de la Dirección General de Seguros o del Ministerio de Economía para hacerse cargo de La Alianza Española. Uno de ellos, cuya compañía no oculta su interés en ganar peso en el ramo de Decesos, afirma que “primero tendrán que explicar bien lo que está pasando con La Alianza Española, y luego ya veremos, si es que sale a la venta”.

Conflicto de intereses

En Afeale, y en otras organizaciones de consumidores, señalan que un elemento clave en la situación de La Alianza Española es el conflicto de intereses que existe al contar las compañías de seguros con funerarias en su grupo o entre sus participaciones. Mencionan varios casos: Mapfre con Funespaña, en la que en 2005 adquirió una participación del 1,016% precisamente La Alianza Española para “completar la oferta de servicio en las zonas prioritarias de desarrollo de negocio y expansión, asegurando un servicio cercano y de calidad para las familias”; Santalucía con Albia, y Ocaso con Service, entre otras.

Ese conflicto de intereses se resuelve siempre en perjuicio del cliente, según los representantes de los consumidores, porque éste se queda sin la libre elección de prestación de servicios funerarios. Además, plantea problemas de competencia.

El temor a otro caso AMA/Ricardo Lozano

El caso La Alianza Española, y la tardanza en tomar medidas por parte de la Dirección General de Seguros, puede tener otra explicación, sugerida en voz baja por responsables del sector. La existencia de un temor a reproducir un caso como el protagonizado por el antecesor de Flavia Rodríguez Ponga, Ricardo Lozano, y la Agrupación Mutual Sanitaria (AMA) en 2009.

La adopción de medidas especiales por la Dirección General de Seguros contra AMA, su consejo de administración, y su presidente, Diego Murillo, desembocó en un proceso judicial que terminó quitando la razón al supervisor. El director general de Seguros, Ricardo Lozano, llegó a estar imputado por este asunto.

Es una experiencia que, de alguna manera, ha marcado a los responsables de Inspección en la Dirección General de Seguros.

Otra lectura, más ‘polìtica’, es la supuesta conexión de La Alianza Española con el Partido Popular y con la Xunta de Galicia, que tienen un evidente peso e influencia en el Gobierno, y que haría que la Dirección General de Seguros tenga que andarse con pies de plomo en este asunto. Pero la adopción de medidas especiales, aunque sea con retraso, viene a desmentir esa clave política.

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