El nuevo ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, quiere tener perfilado un nuevo plan de infraestructuras antes de fin de año, que recogerá objetivos del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) (140.000 millones de euros de inversión), en teoría aún vigente, pero que añadirá nuevos proyectos en función de las aportaciones de Seopan (patronal de las compañías de construcción y gestión de infraestructuras), así como de los presidentes de las Comunidades Autónomas.
Con este objetivo el sucesor de Ana Pastor está manteniendo reuniones con representantes de las empresas, a través de Seopan, de las comunidades y de la federación de ayuntamientos. La pérdida de la mayoría absoluta por parte del PP está dando más protagonismo a los diputados de la oposición que forman parte de las comisiones del Congreso. Medios consultados señalan que el titular del ministerio intenta lograr un pacto global tanto en el ámbito político como empresarial y financiero.
Pero nada se presenta fácil. Están, por un lado, las limitaciones presupuestarias que conlleva la necesidad de cumplir con los objetivos de déficit. También hay diferencias con partidos de la oposición, en el caso de Ciudadanos se trata de la política de inversiones en infraestructuras ferroviarias que consideran excesiva en detrimento de otros proyectos. Tampoco será fácil un acuerdo con las Comunidades Autónomas, ya que casi todas se consideran agraviadas, aunque será más fácil pactar los proyectos que beneficien a más de una comunidad.
Por el lado empresarial, un sector tan dependiente de los presupuestos del Estado y del marco de regulación, las conversaciones se presentan con más posibilidades de pacto. Si bien reclaman una nueva regulación respecto a la colaboración del sector público y privado, que se proyecta como la base de la financiación de los proyectos. La experiencia de adjudicaciones como las autopistas de peaje, ahora en quiebra, se considera como obstáculo para lograr financiación privada.
Seopan ha plasmado en diversos informes en los dos últimos años su posición respecto a las inversiones. Y uno de sus objetivos ha sido y es combatir la idea de que en España ya está casi todo hecho o que, en general, se ha producido un despilfarro. Destacan, por el contrario, hay déficit de inversiones en telecomunicaciones, energía, en tratamiento y depuración de agua, medio ambiente y transporte ferroviario de mercancías, así como en el mantenimiento de las redes ya existentes. Añaden que la situación es similar en construcción civil -colegios, hospitales…- en rehabilitación de viviendas y urbanismo, con deficiencias que son más relevantes que en los países de nuestro entorno.
En un documento elaborado por ATKearney se destaca que si el nivel de infraestructuras se mide por número de habitantes o por densidad de población, en comparación con países como Francia o Alemania, España necesita invertir del orden de los 38.000 millones a 54.000 millones al año en la próxima década. Este esfuerzo inversor supondría generar actividad económica por más de un billón de euros y la creación entre 500.000 a 750.000 empleos directos e indirectos al año.
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