Los madrileños queremos y valoramos nuestro sistema sanitario público, hasta el punto de que seis de cada diez acudiríamos a un hospital público, ante una enfermedad grave, frente a uno de cada cuatro que preferirían acudir a la privada.  Prefieren un hospital público, el 67 por ciento, frente al 30 por ciento que prefiere un hospital privado.

Los madrileños confían en la Sanidad Pública y sus profesionales, pero critican los tiempos de espera y la escasa información que proporciona la Administración.  Desconfían de la gestión sanitaria del Gobierno Regional.

Algunos datos avalan esta opinión de los madrileños.  Vivimos en la Comunidad que menos dinero por habitante dedica a Sanidad Pública.  Cada año menos. Siendo sin embargo una de las Comunidades con mayor renta per cápita.  La población aumenta mientras el gasto desciende en Sanidad.

Nuestras Áreas Sanitarias tienen el doble de pacientes que la media española.  Los centros de Salud madrileños tienen el record de usuarios de todo el Estado y el personal médico o de enfermería atiende muchas más tarjetas sanitarias que la media española.

En cuanto a las listas de espera, muestra Comunidad es la única de España que no facilita sus datos al Ministerio de Sanidad.  Más de la mitad de los madrileños esperamos  entre uno y tres meses para que nos vea el especialista.  Nuestros tiempos de demora son un problema evidente no sólo en atención especializada, sino cada día más en atención primaria.

Vivimos tiempos de dura crisis económica. Tiempos de paro, ajustes, y pérdida de rentas.  Es en estos tiempos cuando el papel del Estado tiene que hacerse notar.  En un Estado autonómico y descentralizado, el papel protector y cohesionado del Estado descansa muy principalmente en las Comunidades Autónomas.  Son ellas las que tienen que velar para que la crisis no produzca fracturas sociales irreversibles.  La sanidad, la educación, la atención a la dependencia, los servicios sociales, son esenciales para evitar un deterioro de nuestra calidad de vida.

Por todo ello Madrid necesita un giro en sus políticas sanitarias, garantizando una sanidad pública, gratuita y universal para todos sus ciudadanos y ciudadanas, evitando la mercantilización y conversión en negocio privado de lo que es un derecho esencial constitucionalmente reconocido.