El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón mantiene la petición de 6 años de cárcel para el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y de 4 años para Rodrigo Rato, su sucesor y luego presidente de Bankia, por las tarjetas black,. Sin embargo, modifica la pena solicitada a otros 18 de los 65 exconsejeros y directivos que también utilizaron las polémicas tarjetas y devolvieron el dinero

El Ministerio Fiscal aplica ahora la atenuante de reparación del daño para Ildefonso Sánchez Barcoj, José Manuel Fernández Norniella, Luis Blasco, Matías Amat, Luis Gabarda, Miguel Corsini, Arturo Fernández, Juan Emilio Iranzo, Francisco Javier López Madrid, Jorge Rábago, Virgilio Zapatero, Ricardo Romero de Tejada, Ramón Espinar, Alberto Recarte, Jesús Pedroche, Ignacio de Navasqües, Beltrán Gutiérrez y José María Buenaventura Zabala. La razón es que devolvieron el dinero una vez comenzado el juicio, por lo que ese atenuante no se les pudo aplicar en el escrito provisional de la Fiscalía.

La Audiencia Nacional ha recuperado 1,7 millones de euros de los 12,5 millones que se gastaron con las tarjetas black.

El fiscal ha anunciado además en esta décimo sexta sesión que rebaja la indemnización para los exconsejeros Cándido Cerón Escudero, José María de la Riva, Luis Gabarda, y José María Arteta porque determinadas operaciones efectuadas presuntamente con sus tarjetas no fueron autorizadas por ellos mismos y por tanto entiende que se debe aminorar la cuantía atribuida a éstos.

Blesa, principal responsable

En una dura y larga intervención (casi dos horas), Alejandro Luzón considera a Miguel Blesa principal responsable de las tarjetas black, cuya «ilegalidad era clara». Y»En primer lugar, y a la cabeza», fue Blesa quien «tomó la decisión de continuar, pervertir y consentir» el sistema de tarjetas que existía en la época de su antecesor,Jaime Terceiro, convirtiéndolo «en un sistema opaco». Blesa «estuvo 14 años al frente de la caja y perpetuó los mecanismos».

Rodrigo Rato «tampoco puede escudarse en que heredó de Miguel Blesa, ya que le dio continuidad en un momento de evidente crisis y perdió la oportunidad de suprimirlo al crear Bankia».

«La conciencia de ilegalidad está presente en la conducta de la mayoría de los acusados», a los que reprocha «sobreactuación» en sus declaraciones. El uso de estas tarjetas era «una acción más próxima al pillaje o la rapiña». «La emisión de estas tarjetas tiene que ver con una actitud primitiva y depredadora», subraya Luzón, que resalta que «no es una opacidad fiscal, es una opacidad buscada», sentenció.

Sistema legal y heredado

Las defensas de los 65 usuarios de las tarjetas opacas han dedicado la sesión a la lectura de documentos incorporados a la causa, que demuestran, según su interpretación, que éstas existían con anterioridad, eran de libre disposición, y que su uso no supone delito alguno.

Varios de los abogados pidieron que se lean ante el tribunal  correos electrónicos y otros documentos que probarían que las tarjetas existían durante la presidencia de Jaime Terceiro, predecesor de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid. Uno de ellos, fechado el 8 de septiembre de 2011, revela que una tarjeta que llegó a ser investigada por el juez Fernando Andreu en la fase de instrucción fue emitida en 1994, dos años antes de que Miguel Blesa llegara a la presidencia de la entidad, y comparte el mismo código que la mayoría de las black.

Los letrados de los 65 acusados pretenden demostrar que ya existían en Caja Madrid tarjetas de libre disposición y no exclusivamente para gastos de representación, como aseguró Terceiro en su declaración como testigo.

La estrategia de las defensas pasa por distinguir entre dos tipos de tarjetas: las “business” de directivos y colectivas gestionadas por el departamento de Recursos Humanos para gastos de representación; y otras gestionadas por la Dirección de Medios. El objetivo es demostrar que durante el mandato de Terceiro se emitieron tarjetas de libre disposición tanto para consejeros, regidos por el acta de 1988, como para directivos, por medio del convenio marco de 1994.

También argumentan las defensas que Bankia no está legitimada para reclamar a los acusados, que no reconocen a la entidad como heredera legal de Caja Madrid, que sería la Fundación Caja Madrid.