El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), accionista mayoritario de Bankia, considera en su informe final de acusación que las tarjetas black de Caja de Madrid y de esa entidad eran un sistema irregular y sin soporte legal, y mantiene su petición de tres años de cárcel para sus expresidentes, Miguel Blesa y Rodrigo Rato.

«Claramente eran para uso personal y no de gastos de la empresa», argumenta el abogado del FROB, Fernando Aizpun, en el juicio oral que se celebra en la Audiencia Nacional. «Eran verdaderas tarjetas ilícitas, irregulares; todo en ellas era opaco, black, un sistema subrepticio destinado a que nadie lo conociese», insiste el letrado de la acusación.
«Carecen de soporte jurídico válido para ese uso», añade Aizpun, que resalta que tampoco estaban recogidas en los estatutos de las entidades. El sistema de gastos de empresa creado por Jaime Terceiro cuando presidía Caja Madrid estaba perfectamente fiscalizado. Fue Blesa quien lo pervirtió y Rato quien mantuvo esas tarjetas opacas. «Se desnaturalizó su uso», zanja.

El Frob acusa en su escrito final a Blesa y a Rato de los delitos de administración desleal y apropiación indebida. «Los expresidentes tuvieron un protagonismo especial y relevante», señala Aizpun, que considera al exdirector general Ildefonso Sánchez Barcoj como cooperador necesario por cuanto era quien daba instrucciones sobre la gestión de las tarjetas.

Además de multas económicas, solicita 3 años de prisión para Blesa y Rato (la Fiscalkía pide 6 años y 4 años y medio, respectivamente), 2 años para Sánchez Barcoj, y entre 3 años y 6 meses para el resto de acusados. El Frob ya había aplicado un atenuante de la pena a 29 de los acusados por haber devuelto el dinero, y ahora lo aplica sobre la multa a 3 de ellos porque sus tarjetas fueron clonadas y una parte de los gastos no les corresponden.