Ahora, el nuevo ministro, Iñigo de la Serna, ha iniciado negociaciones con los partes implicadas para evitar que los procesos legales en curso desemboquen en el cierre de las infraestructuras y en posibles nuevos litigios.

Ese objetivo se enmarca dentro de una estrategia más global: que el sector privado deje de considerar que existen incertidumbres legales en las concesiones otorgadas por el Estado. Porque la colaboración entre las Administraciones, empresas y entidades financieras se perfila como la base del nuevo plan de infraestructuras.

En este contexto, el ministro, que ha subrayado que las autopistas seguirán abiertas y estarán operativas, pide más tiempo y parece que lo está consiguiendo. El juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid ha otorgado esta pasada semana una prórroga de seis meses a la junta de acreedores de la radial R2 de Madrid. Esta decisión está relacionada con la solicitud de Fomento de aplazar nueve meses, hasta julio de 2017, la gestión de las autopistas de peaje con el fin de encontrar una solución ordenada.

Mientras, como paso siguiente, el ministerio va a abordar el cálculo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) con el fin de que los activos pasen sin problemas legales a manos del Estado. Se trata de cumplir con la obligación que tiene el Estado de compensar las empresas concesionarias por las inversiones que hayan realizado.

A partir de ahí, con las autopistas ya en manos del Estado, se abrirá una nueva etapa en la que ya trabaja el ministerio con el principal objetivo de garantizar el funcionamiento y la viabilidad futura de la red. Una posible solución. aunque sea temporal, es la creación de una sociedad en la que queden integradas las autopistas para ser gestionadas y, previsiblemente, de nuevo subastadas.

Ese posible mecanismo en realidad no es nuevo. Y no sólo por la creación de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) en la década de los ochenta, sino más recientemente fue una de las vías exploradas por Ana Pastor, pero que no llegó a materializarse por discrepancias con el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. Y es que un elemento que parece imprescindible es que la fórmula elegida no eleve la cuantificación del déficit del Estado.