Parecía que se habían repartido los papeles. Jean Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, ha sido tajante: o se prosiguen las reformas iniciadas para evitar nuevas crisis financieras o la sociedad reaccionará en contra porque es dudoso que “los ciudadanos acepten volver a destinar el 27% del PIB a sanear a los bancos”. Las democracias, añadió, pueden no resistir una nueva depresión como la soportada estos años.

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por su parte, descendió un poco más a la situación concreta española y señaló que la atonía de crédito se recuperará “si se adoptan las reformas pertinentes que supriman los obstáculos a la creación de empleo y permitan empezar a reducir las ingentes cifras de parados”.

Era una jornada económica para conmemorar el 25 aniversario del periódico Expansión. Participaban Fernández Ordóñez y Trichet junto al presidente de la CNMV, el presidente de la patronal bancaria, el director general de la confederación de cajas de ahorros y el consejero delegado del BBVA.  Pareció que ninguno quiso perder el tiempo en florituras.

Trichet reivindicó el papel del Banco Central Europeo en la ayuda a la solución de la crisis financiera pero no dudó, ahora que su mandato llega a su fin, en lanzar una andanada a quienes desde posiciones políticas pueden querer frenar las reformas iniciadas.

El francés señaló que aunque se está produciendo la recuperación de la economía mundial aun quedan muchas cosas por hacer y que no es el momento de escuchar las voces de quienes piden, interesadamente, que se dejen de poner en marcha las reformas pendientes en materia de supervisión, de regulación financiera. Dijo que son más necesarias que nunca porque entiende que las sociedades han dado un cheque en blanco a las entidades financieras, el 27% del PIB de esos países, para que se saneen. Pero que está convencido de que no habrá una segunda oportunidad.

Trichet saludó la implementación de Basilea III como un conjunto de medidas que exigen más capital a las entidades, más requisitos para analizar los riesgos de las entidades y la introducción de criterios de liquidez. Todo ello, dijo, debe permitir que los bancos sean más solventes y que se reduzca la frecuencia de las crisis. Y para ello, afirmó, se ha decidido dar plazos largos de adaptación, hasta 2019, de forma que las entidades puedan cumplir razonablemente. Se le olvidó explicar porque esos plazos largos no van a tener lugar para las entidades españolas a las que se les exige  cumplir Basilea III de forma inmediata.

Antes que Trichet había intervenido Fernández Ordóñez quien dedicó palabras de elogio y reconocimiento a la labor de Trichet al frente del BCE. Durante su mandato, dijo, la inflación europea ha estado por debajo del 2% que era el objetivo del banco y ha sabido instrumentar una panoplia de medidas para ayudar a sortear la crisis financiera más grave que ha tenido el sistema bancario europeo y mundial.

El gobernador resumió lo que desde la Administración se ha venido haciendo para sacar de la crisis a las entidades financieras españolas, especialmente a las cajas de ahorros que han corrido con la peor parte de la crisis. Y destacó como en poco más de un año se ha pasado de que existieran 45 cajas a que se hayan agrupado en 15, y que el proceso no haya terminado todavía. Para Fernández Ordóñez, el último decreto del Gobierno refuerza la solvencia de las entidades al establecer los mecanismos necesarios para que obtengan fondos de los mercados y, en última instancia, para que el FROB actúe como mecanismo de salvaguarda para que ninguna entidad se quede por debajo del 8% de capital base.

El proceso está en marcha, aunque queda por llevarse a efecto la reducción de la capacidad instalada en oficinas y plantillas, y en terminar de sanear los activos dañados por los excesos anteriores. Para el gobernador se han tomado medidas que pueden permitir dejar al sistema bancario en condiciones de atender la demanda solvente de crédito, cuando se recupere, y que esto ocurrirá antes si se adoptan las reformas necesarias que ayuden a la creación de empleo.

El repaso no había terminado con las intervenciones de los dos responsables bancarios. Julio Segura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores no quería perder la oportunidad de poner el dedo en la llaga ante la anunciada salida a bolsa de varios bancos creados por grupos de cajas de ahorros.

Segura señaló que el objetivo de la reestructuración del sistema financiero es conseguir que las entidades sean más solventes para poder resistir futuros episodios críticos pero que no es suficiente con mayor capital, liquidez o provisiones porque ninguno de estos factores garantiza resistencia ante crisis profundas o prolongadas. Y añadió que hay que fijar la vista en la suficiencia de medios, la organización interna y su conducta en los mercados. Y en ese sentido dijo estar de acuerdo en que los bancos de las cajas salgan a los mercados en busca de capitales porque eso tendrá efectos positivos de disciplina de mercado.

Pero enumeró las condiciones para una salida ordenada a bolsa. El primer punto es que deben tener suficiente transparencia y que los folletos contengan la información relevante para los inversores. El segundo punto es conseguir que se haga una correcta valoración de la entidad a la hora de fijar el precio de salida. Segura afirmó que no basta con informes de valoración de expertos independientes y que por ello es esencial  que haya “un tramo institucional importante donde el precio se fije por métodos cercanos a la subasta competitiva” y para ello debe haber suficientes inversores institucionales y por cuantías que impidan acuerdos previos entre ellos.

El presidente de la CNMV reclamó un buen gobierno corporativo en las nuevas entidades exigiendo la despolitización de sus órganos de gobierno y el acatamiento de las normas de buen gobierno en lo que se refiere a las comisiones del consejo, las competencias efectivas de los consejeros y la existencia real de independientes. Segura terminó advirtiendo que la CNMV vigilará estrechamente la “corrección de los procesos de comercialización de la salida a bolsa”.

Miguel Martín, presidente de la patronal bancaria, dibujó el marco en el que se desenvuelven las entidades tras el estallido de la crisis y volvió a reiterar su idea de que hay que dejar quebrar a las entidades que lo hagan mal sin utilizar fondos públicos y sin que el problema afecte al sistema financiero. Para ello hay que exigir que las entidades, sea cual sea su tamaño, sean capaces de absorber las pérdidas que generen o de perder su capital en esos procesos. Para Martín el problema no es básicamente de tamaño de una entidad sino de si existe o no facilidad de sustitución y de la interconexión que una entidad tenga con el resto.

Quien fuera subgobernador del Banco de España señaló que es difícil separar la supervisión macroprudencial de la política monetaria porque la primera lo que trata es de proteger a los bancos de su propia actuación (evitando el efecto rebaño) y la segunda podría ser un instrumento para lograrlo aunque sus efectos sobre la marcha real de la economía podrían ser muy perjudiciales.

Ángel Cano, consejero delegado del BBVA, insistió en lo que viene reiterando su entidad en los últimos tiempos: las reformas iniciadas marcan el buen camino pero deben desarrollarse a una mayor velocidad y con mayor profundidad. Tanto las que se refieren a las reformas del mercado de trabajo pendientes y en discusión entre la patronal y los sindicatos, como en la reforma del sistema financiero.

Respecto a esta última afirmó que “no hay un incentivo claro para la entrada de capital privado en los bancos creados por las cajas de ahorros” y que por ese motivo quizás los inversores privados “esperen a que el FROB sanee los activos para entrar después”.