Sin una profunda modernización de los servicios públicos de empleo, los objetivos marcados para España en la atención a los parados de larga duración son “inalcanzables”. Con este diagnóstico, la fundación de economía aplicada, Fedea –impulsora del contrato único– ha reclamado hoy al Gobierno, comunidades autónomas y sindicatos que apoyen e impulsen un ambicioso plan de reforma que facilite a los parados de larga duración una atención personalizada y les catapulte a su inserción laboral efectiva.

Para Fedea la clave está en la atención individualizada y en unas políticas activas de empleo “bien diseñadas”, explica Marcel Jansen que ha presentado este jueves el estudio, que cuenta con financiación del banco de inversión J.P. Morgan, El reto de la reinserción de los parados de larga duración.

El informe concluye que el mercado laboral español muestra “sólidas señales de recuperación”. Y aun así, destacan, el desempleo de larga duración sigue en “niveles insostenibles”, con un 11% de la población activa más de un año desempleada, y 1,8 millones de personas que llevan más de dos años en el desempleo.

Una situación que afecta sobre todo a los parados mayores de 45 años y a aquellos que poseen bajos niveles de cualificación, procedentes en muchos casos del sector de la construcción y abocados a situaciones con un elevado riesgo de exclusión social y económica, según señalan.

La reinserción laboral de estas personas plantea enormes desafíos. Y para ello España cuenta con servicios públicos de empleo poco eficaces. Y con un diseño deficiente de sus políticas activas de empleo, que “no han sido abordadas de manera satisfactoria”.

Objetivo “inalcanzable”

A fin de conseguir su vuelta sostenida al mercado de trabajo, España cuenta con el Programa de Acción Conjunta para Desempleados de Larga Duración, surgido a raíz de una recomendación del Consejo Europeo (CE) de febrero de este año, y dotado con 515 millones, y que aboga por dar apoyo individualizado a los parados antes de que se cumplan 18 meses de desempleo.

Sin embargo, los objetivos fijados por la UE son “inalcanzables” para España si el Gobierno y las comunidades autónomas no emprenden una “profunda” modernización de los servicios públicos de empleo. Y que doten a estas políticas de inserción laboral de mayor presupuesto, puntualizan.

Según Fedea, en la actualidad tan solo una pequeña minoría de los desempleados recibe ayuda de los servicios públicos. Y se trata en todo caso de servicios estandarizados, y no personalizados, como debiera, reclaman.

Apoyo individualizado

Por ello, reclaman que en un esfuerzo coordinado las administraciones locales, regionales y central mejoren la capacidad del Servicio Público de Empleo (SPE) a fin de que pueda prestar apoyo individualizado a los demandantes de empleo.

Concretamente Fedea reclaman nuevas herramientas de “perfilado” de los desempleados, que permitan separarlos en diferentes grupos en función de sus necesidades. Y que las oficinas públicas puedan adaptar su gasto conforme a estas necesidades con mayor flexibilidad.

También se necesita mejorar el diseño de los itinerarios personales de los demandantes, y delas estrategias de “activación”, con una especificación clara sobre el tipo de apoyo, los proveedores de servicios y los tiempos de ayuda a estas personas.

Fedea cree que el Estado es incapaz de dotar al SPE de la inversión precisa para que los servicios públicos puedan hacerse cargo de esta tarea por si solos. “Sería difícil de completar en un tiempo razonable y podría resultar difícil de revertir en el futuro”, alertan.

Por ello reclaman una mayor colaboración con socios externos como las agencias privadas de colocación y las entidades especializadas del llamado Tercer Sector de lo social, que pueden actuar más rápidamente, ahorran recursos y tienen un profundo conocimiento del mercado de trabajo local y una amplia experiencia en la recolocación de personas vulnerables, sostienen.

Transferencia de la renta mínima

Fedea destaca también que hay que mejorar la coordinación entre el Estado central, que se encarga del pago de subsidios y prestaciones, y las comunidades autónomas, que ejecutan las políticas de empleo, así como con los entes locales.

En este sentido abogan por transferir la gestión de la renta mínima de inserción a los servicios públicos de empleo. Y por crear centros de atención donde cohabiten las diferentes administraciones y entidades implicadas. “La proximidad física fomenta el trabajo en equipo y facilita el diseño de itinerarios individuales”, enfatizan.

Por último defiende que hay que reorientar los instrumentos de atención a los parados, aumentando la inversión en formación y limitando los incentivos al contratar solo a unos pocos grupos seleccionados.

Destacan que la orientación es clave aunque su impacto en “menos duradero”. Y subrayan que los programas de empleo del sector público son “los menos efectivos”.

Piden además fomentar el uso de la formación dual. Y reiteran que el SPE debe invertir más en aquellas personas que más lo necesitan.

“El sistema público de empleo no puede con todo este volumen de parados”, ha afirmado Marcel Jansen, al destacar el valor de la colaboración público-privada. Con programas de este tipo Francia ha logrado aumentar en 20 puntos el éxito de sus medidas de inserción laboral de parados de larga duración.

Finalmente y de cara a la movilización que tendrá lugar en Madrid este domingo, Jansen ha confiado en que los sindicatos hagan un llamamiento al Gobierno en defensa del colectivo de parados de larga duración. “Los parados de larga duración tienen que ser prioritarios para los sindicatos”, ha sentenciado.