El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha tomado la iniciativa para dar un nuevo diseño, que quiere pactar con la oposición, para el llamado bono social destinado a las personas en riesgo de pobreza energética. La salida a este problema, que se perfilaba desde el inicio de  la legislatura como uno de los prioritarios para el nuevo ministerio, se ha hecho más urgente a raíz del accidente que costó la vida a una persone en Reus (Tarragona).

El contexto en el que Nadal quiere que sea aprobado el bono energético tiene además un claro perfil político. La oposición, especialmente el PSOE y Podemos, tienen preparadas iniciativas parlamentarias con el mismo fin, si bien, según medios consultados, el contenido difiere en gran medida del proyecto que el Gobierno elabora. Se habla de tasas a la generación, de un mayor control de los eventuales cortes de suministro, entre otrops temas. Son, por tanto, movimientos que se intentan desactivar, aunque al tiempo Energía y el grupo parlamentario del PP buscan el mayor apoyo político posible para la normativa que ultiman.

En su reciente comparecencia en el Congreso, Nadal manifestó que el diálogo con la oposición está abierto de cara a definir quién es el consumidor vulnerable y regular la financiación del bono. «Debemos definir un nuevo marco para los consumidores en situación de vulnerabilidad», subrayó. Señaló que debe seguir siendo financiado por  todas las comercializadoras del sector. «Necesitamos normativa que nos permita mantener esa financiación, para después discutir cómo queremos que sea el bono», añadió.

Si bien el problema es que el Tribunal Supremo dictaminó el pasado octubre que el bono social eléctrico es una tarifa subvencionada que está en contra de la normativa comunitaria para el mercado de la electricidad. La sentencia estima además que el coste de este descuento se establece de forma discriminatoria a las empresas de electricidad que lo subvencionan, y que mientras el Gobierno no ha justificado los criterios con que se realiza la distribución del coste. Las sentencias, que han sido recurridas por la Administración, conllevan una indemnización para las eléctricas por 500 millones de euros.

En este complejo panorama, las eléctricas -relegadas ante la prioridad del pacto político- quieren también formar parte de alguna manera de un acuerdo para la financiación de las ayudas que combatan la pobreza energética. Les parece positivo que la obligación se amplíe a todos los operadores pero insisten en que los Presupuestos del Estado deben correr con parte de los costes. A cambio podrían ofrecer el compromiso de no acudir a los tribunales, si bien el conflicto legal no está sólo en sus manos.