Las pensiones subirán el 1 de enero de 2017 un 0,25%, el mínimo legal previsto, según ha comunicado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a los agentes sociales y empresariales en la reunión que han mantenido. Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Pepe Álvarez, han expresado su rechazo a esta medida y han vuelto a reiterar que las pensiones deben subir al menos la previsión de inflación para 2017, en torno a un 1,2%.

«No estamos de acuerdo con el 0,25%, porque las pensiones no pueden empezar a perder poder adquisitivo ahora que la inflación empieza a ser positiva», argumenta Toxo. Para Álvarez, «tiene que quedar claro» que los sindicatos «ni se conforman ni se van a conformar con que este año los pensionistas vean bajar su capacidad de adquisición». «No vamos a dejar de trabajar para que ese 0,25% tenga correspondencia no con la reforma del PP, sino con la inflación real que se produzca en 2017», añade.

Fátima Báñez ha anunciado la creación de una mesa de trabajo a principios de enero, para tratar las cuestiones que quedaron abiertas en la reunión de los agentes sociales y empresariales del 24 de noviembre en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Entre ellas, el empleo, su calidad, y medidas para que «nadie se quede atrás en la recuperación económica».

Toxo ha afirmado que habrá una segunda mesa para hablar de los parados de larga duración y de las prestaciones por desempleo. Y una tercera para revisar la situación de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que puede desembocar en una nueva ley

El secretario general de CCOO anuncia que se iniciará «en fechas próximas» la discusión entre los sindicatos, patronal y Gobierno, «en una primera fase a nivel más técnico» para después entrar en los elementos más políticos que tienen relación con las pensiones e ir trabajando en paralelo a la Comisión del Pacto de Toledo.

Parados de larga duración

Báñez declara que el Gobierno va a reforzar los programas de parados de larga duración para que «la gente mientras que no vuelva al mercado de trabajo tenga recursos» y que va a implantar una tarjeta social.

En relación con la reforma laboral, la ministra ha vuelto a insistir en que si sindicatos y empresarios se ponen de acuerdo se podrían hacer cambios en la reforma laboral y revisar el Estatuto de los Trabajadores.

Juan Rossell, presidente de la Ceoe, se muestra a favor de que las pensiones de viudedad y orfandad puedan ser financiadas desde los Presupuestos Generales del Estado:  «La financiación mediante presupuestos es una realidad estadística que tenemos en estos momentos, ya que la Seguridad Social está con un déficit muy importante que no nos da para más».

Hacienda «siempre va a sostener» las pensiones

El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, afirma en la Comisión sobre el Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados que en épocas de recesión económica el sistema tributario «siempre va a sostener» las pensiones en España. Aunque desapareciese el Fondo de Reserva de las pensiones, el pago de las mismas estaría garantizado igualmente porque se seguirían produciendo transferencias de los Presupuestos Generales del Estado al sistema de la Seguridad Social.

El Gobierno habilitará los «instrumentos legales necesarios» para que el Tesoro Público emitiese deuda pública con el fin de garantizar la financiación del sistema de pensiones si se agota el Fondo de Reserva del sistema de la Seguridad Social. Nadal descarta la creación de una figura impositiva específica para sufragar las pensiones.

Nadal defiende que cuando la economía esté a «plena capacidad» el sistema de pensiones debe ser «autosostenible» y tener la capacidad de financiarse «exclusivamente» a través de cotizaciones sociales para pagar las prestaciones básicas contributivas del sistema. Esto exige encontrarun «equilibrio» sobre qué parte de las prestaciones debe financiarse vía impuestos y cuál vía cotizaciones. Pide «no olvidar» que el pago de las cotizaciones supone una carga impositiva al trabajo, y «con una importante tasa de desempleo es fundamental que esta carga sea la justa».

También se muestra partidario de ligar el crecimiento de las pensiones y su poder adquisitivo con el alza de la productividad y los factores demográficos. Lo «fundamental» para garantizar el sistema es el crecimiento económico y del empleo, para lo que es necesario continuar con las reformas estructurales, especialmente en el mercado laboral.

Nadal aboga por seguir introduciendo el factor de sostenibilidad como elemento demográfico básico a la hora de pensar en pensiones futuras y seguir progresando en la desindexación de la economía de forma que la referencia sea el IPC del conjunto de la zona euro. La evolución de los precios viene dictada por la inflación en la Eurozona, por lo que considera que «no hay que mirar tanto el IPC nacional, sino al del conjunto de la Eurozona».

Rechazo de la oposición

La diputada socialista María Mercé rechaza que la sostenibilidad de las pensiones pueda apoyarse solo en el crecimiento económico y la generación de empleo, ya que se requieren más medidas, especialmente en un momento de incremento del gasto en el que hay «seis millones de trabajadores pobres y una recaudación de la Seguridad Social cinco puntos inferior a la de 2011».

Muestra su disconformidad con el actual índice de revalorización de las pensiones y que el Gobierno siga recurriendo al Fondo de Reserva para justificar la subida del 0,25% de las pensiones. Desde el PSOE abogan por crear una cesta de impuestos para financiar pensiones no contributivas (viudedad y orfandad).

La diputada de Unidos Podmos-En Comú-En Marea, Aina Vidal, critica que el índice de revalorización hace perder poder adquisitivo «de forma acumulada». La recaudación de las cotizaciones baja, a pesar del aumento de cotizantes, por la «precariedad y pobreza» derivadas de la reforma laboral de 2012.

Carolina España, del PP, pide no crear alarma social, sino dar un mensaje de «tranquilidad» sobre el futuro de las pensiones.