Las defensas de los exconsejeros de Caja Madrid, Estanislao Rodríguez-Ponga y Antonio Romero, acusados por las tarjetas black, se escudan en que estos medios de pago se crearon para «dignificar» su dedicación, y que así consta en las actas del consejo de administración que las crea en 1988. Insisten, por tanto, en trasladar la responsabilidad a Jaime Terceiro, el antecesor de Miguel Blesa en la presidencia de la caja.

En la 19ª sesión del juicio en la Audiencia Nacional, la defensa del exconsejero Estanislao Rodríguez-Ponga, que también fue secretario de Estado de Hacienda, alega que unas tarjetas cuyo uso no requiere de justificante no pueden interpretarse como representación, y que era legítimo usarlas para gastos personales, con la condición de no excederse del límite impuesto.

«Hubo y ha habido enormes incorrecciones en la hoja Excel y no puede tener el alcance probatorio que se ha pretendido por parte de las acusaciones ni tampoco justifica que se haya pretendido encontrar en la necesidad de justificar los gastos», expone el abogado de Rodríguez Ponga sobre la principal prueba presentada por Bankia como acusación particular.

Para la letrada del exconsejero Antonio Romero (que fue vicesecretario de Organización del Partido Socialista de Madrid) se trata de un documento sin veracidad para considerarse como prueba. Además, se escuda en que los altos cargos «consintieron, conocieron y admitieron el gasto sin ninguna queja» por lo que en todo caso se estaría, como mucho, ante una infracción fiscal. DE paso, manifiesta su «disgusto» por las declaraciones del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, «más propias de un animal que de una persona», cuando se refirió en su exposición final a que hubo «pillaje y rapiña» en el uso de las tarjetas black.

La culpa es de Enrique de la Torre

Las defensas de otros antiguos consejeros de Caja Madrid optan por descargar responsabilidad en el caso de las tarjetas black en el exsecretario general, Enrique de la Torre, por haber instruido a los usuarios en el «libre uso» de éstas. El letrado del exconsejero de la caja a propuesta del PP Ricardo Romero de Tejada alega que es «impensable» que todos los consejeros, algunos de los cuales «no se conocían antes y tenían marcadas diferencias ideológicas», usaran esa tarjeta para gastos personales, un hecho que «sólo puede suceder» por las instrucciones del entonces secretario general.

Alfonso Moralesniega  la existencia de «dolo masivo o audacia colectiva» por parte de los 65 acusados, especialmente si se considera el «escasísimo» poder del consejo de administración de Caja Madrid, como muestra que ninguno pudiera tener acceso a los extractos de su tarjeta. Y acusa a Bankia de comportarse «con opacidad sobre todo en lo relativo a la contabilidad», y de «cercenar» documentación.

Otros defensores de exconsejeros acusados en el caso utilizan argumentos similares.