El Gobierno aprobará en el último Consejo de Ministros del año, que se celebrará el 30 de diciembre, un Código de Buenas Prácticas de adhesión voluntaria por las entidades financieras y para resolver «con celeridad» la devolución de lo cobrado de más a los clientes afectados por las cláusulas suelo, tras dictaminar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea su retroactividad total.

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, señala que el Gobierno «respeta» las decisiones judiciales. Subraya que la relación que mantienen los bancos con sus clientes es una cuestión «privada y personal», y que la intención del Gobierno con la aprobación de este Código de Buenas Prácticas es dar «seguridad, tranquilidad y certidumbre» para ayudar a solucionar esta situación «de una forma rápida».

«El presidente del Gobierno ha dicho que le gustaría adoptar este código el 30 de diciembre. El Gobierno quiere demostrar que quiere resolver los problemas de la sociedad», insiste

Méndez de Vigo recuerda que los problemas con las cláusulas suelo no se habrían producido si se hubiera aprobado antes la Ley de medidas de protección al consumidor de 2013. Con la nueva normativa los titulares de una hipoteca han de manifestar por escrito que aceptan las cláusulas del contrato, lo que da una “transparencia plena” al mismo.

Y subraya que el sistema financiero en España, y más después de las reformas realizadas en los últimos años, «es sólido». El miércoles 21 de septiembre, nada más conocerse la sentencia del Tribunal de la UE, el ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmaba que las entidades podrán hacer frente a la devolución de lo cobrado de más en las cláusulas suelo.

Tras conocerse el contenido de la sentencia del Tribunal de la UE, PSOE y Gobierno coincidían en la necesidad de buscar un procedimiento extrajudicial para que los afectados pudieran recuperar el dinero cobrado de más por las cláusulas suelo. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, exigw al Gobierno que «no mire para otro lado» y obligue a las entidades bancarias a devolver a los ciudadanos el dinero que cobraron por las cláusulas suelo.

Ciudadanos ha solicitado una petición de comparecencia para De Guindos en la que explique cómo se adaptará la legislación hipotecaria a la sentencia europea, así como las medidas que se pretenden tomar para evitar «abusos».

Diferentes escenarios

El Tribunal Supremo ya ha anunciado que «ajustará» su actual jurisprudencia sobre nulidad de estas cláusulas abusivas al fallo del Tribunal de la UE. Los expertos coinciden en que hay escenaris muy diferentes.

Si la hipoteca con cláusula suelo ya está pagada, hay que analizar si procede o no la declaración de nulidad con efectos retroactivos. Si no hay un acuerdo con el banco, el afectado tendrá que recurrir a los tribunales, que previsiblemente condenarán a la entidad a indemnizar al cliente con la cantidad cobrada de más, a la que hay que sumar los intereses acumulados.

En el caso de la hipoteca pendiente de pago, la situación varía mucho si el asunto ya está en manos de los tribunales o no. El afectado que ya ha logrado una resolución favorable y firme por parte de los jueces, prácticamente no notará la sentencia del Tribunal de la UE. Para el resto, los tribunales deberán acatar y aplicar ésta.

Si el afectado no ha iniciado ningún procedimiento judicial sobre el asunto podría acogerse a una solución extrajudicial, como podría ser el arbitraje o la mediación. Una opción es esperar a la ‘letra pequeña’ del Código de Buenas Prácticas que prepara el Gobierno, y que en cualquier caso será de adhesión voluntaria por parte de los bancos. Otra, acudir a los tribunales.