La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha reaccionado al informe del Consejo de Estado que determina la responsabilidad del Gobierno en el accidente del Yak-42 en 2003 proponiendo una reunión a los familiares de los militares fallecidos y solicitando su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Un día después de que se conociera el dictamen del principal órgano consultivo del Gobierno, Cospedal ha decidido tomar cartas en el asunto y escuchar a las familias de las víctimas, con quienes se reunirá la próxima semana, y explicar en sede parlamentaria la postura del Ministerio que dirige, según ha informado a Europa Press un portavoz de este departamento.

Lo primero que ha hecho esta misma mañana el equipo de Cospedal ha sido ponerse en contacto -vía e-mail y por teléfono- con los representantes de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak 42 para proponerles varias fechas de la semana que viene y poder concretar un día y una hora para un encuentro en el Ministerio.

Las fuentes consultadas han asegurado que la ministra de Defensa tiene «voluntad plena» de que este asunto «se resuelva de la mejor manera posible» y por eso quiere mantener un encuentro con los familiares de los 62 militares muertos en el accidente del Yak 42 de mayo de 2003 y poder escucharles.

Después, Cospedal ha solicitado comparecer ante la Comisión de Defensa del Congreso al día siguiente de que PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC registraran sendas peticiones en la Cámara Baja exigiendo explicaciones.

El informe del Consejo de Estado fue aprobado el pasado 20 de octubre por unanimidad y en él se determina que el accidente del avión en el que 62 militares y guardias civiles regresaban de su misión en Afganistán pudo haberse evitado si se hubiesen tomado medidas.

Después del accidente más grave que han sufrido las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz, los familiares recibieron compensaciones económicas por parte de la contratista alemana del aparato, Chapman Freeborn -6,2 millones de euros-; y de los tres militares condenados por los errores en las identificaciones -10.000 euros para cada familia afectada-.

La Audiencia Nacional archivó la causa de la contratación del avión en el año 2012 y de los tres condenados por el fallo en las identificaciones de las víctimas, ninguno queda ya en prisión. El general de Sanidad Vicente Navarro falleció en 2010 y los entonces capitanes médicos José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez fueron indultados pocos meses después de la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa. Ahora son comandantes.