El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) precisa que la ley no le exige una contabilidad analítica, como le reclama el informe del Tribunal de Cuentas. Y deja muy claro que que su ausencia no ha impedido la «adecuada» rendición de cuentas del organismo controlado por el Ministerio de Economía. No obstante, asegura que adoptará esta recomendación del Tribunal de Cuentas de forma «inmediata».

En un comunicado sobre el informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria del Tribunal de Cuentas, el Frob defiende su actuación en la venta de entidades rescatadas para maximizar el retorno de ayudas públicas, además de perseguir una «completa neutralidad» e igualdad de oportunidades para los potenciales compradores. «Estas condiciones han sido cuidadosamente observadas en los procesos de desinversión, sin que en este punto se haya recibido reproche alguno del Tribunal de Cuentas», señala el Frob.

El informe del Tribunal de Cuentas observa «insuficiencias o deficiencias» de tipo formal en la tramitación de los contratos.

El Frob replica que ha realizado análisis sobre el coste de las medidas de resolución y de las alternativas posibles a la venta. «En todos los procesos se ha contado con expertos independientes con el objeto de asegurar una total objetividad en la actuación y de reunir toda la información necesaria, de la máxima calidad y profundidad, para adoptar las decisiones más eficientes», argumenta.Y destaca  que la labor de estos asesores ha consistido precisamente en la valoración y cuantificación de las distintas alternativas. «Se han identificado de esta manera aquellas que resultaban más beneficiosas para los intereses del Frob y por tanto del contribuyente», razona el comunicado.

Gastos justificados

En cuanto a las afirmaciones del Tribunal de Cuentas respecto a que el Frob haya incurrido en mayores gastos en los procesos de reestructuración, al solicitar informes que finalmente fueron innecesarios (CEISS y Liberbank) o con la concesión en 2010 de una línea de crédito que finalmente no se empleó, recuerda que uno de los principios esenciales de su actuación es el de asegurar la continuidad de las actividades y servicios esenciales para la economía y «evitar efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero».

«Ello le lleva indefectiblemente a actuar con cautela y prudencia, debiendo prever alternativas para el caso de que no prosperen las soluciones privadas adoptadas por las entidades de crédito y haya que recurrir sin demora al apoyo financiero público, en escenarios que exigen la máxima rapidez y diligencia», esgrime.

El Tribunal de Cuentas cifraba en 60.718 millones de euros el coste acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria entre 2009 y 2015, aunque incluía las cantidades aportadas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), sufragado por aportaciones de los bancos.

El Frob considera que estas cifras están «en línea» con las calculadas por el Banco de España, y precisa que «cualquier estimación» no puede darse por cerrada hasta la ejecución de algunas operaciones, como la venta definitiva de Bankia y de BMN.