“Yo sí creo que es necesario el Estatuto del Periodista”, proclamó, para empezar. Su descripción de la precariedad de los periodistas, la externalización de los servicios y la descarga de obligaciones sociales de las empresas fue acertada y documentada. Las empresas no paran de despedir. La sustitución del derecho laboral por la relación mercantil, sin compromiso empresarial, es el pan nuestro de cada día. Contrato y milagro son ya sinónimos. Y como auguró Emilio Olabarría en el debate de la reforma laboral socialista que abarató el despido, el derecho laboral que equilibraba la relación entre capital y trabajo acabará siendo residual.

Con independencia de la realidad del subsector –más de 11.000 profesionales de la comunicación convertidos en autónomos, y creciendo–, el presidente de ATA constató en el nuevo foro “la impotencia e incompetencia del Gobierno para frenar la escalada del paro”. También constató el cinismo de las formaciones políticas que prometen en campaña electoral el pago de las deudas de los ayuntamientos a los autónomos y microempresas cuando hace sólo una semana rechazaron en el Congreso algunas medidas para facilitarles la vida. “Es curioso”, exclamó Amor antes de referirse a los problemas de estos trabajadores sin red: la caída del consumo, la galopante morosidad y la falta de financiación.

“Ha habido más anuncios del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que créditos concedidos”, afirmó. “El dinero sólo ha llegado al 5% de los autónomos”, concretó. En cuanto a la morosidad, “al 63% de los trabajadores por cuenta propia les pagan tarde o no les pagan; la ley de la morosidad no se cumple, comenzando por el 95% de los ayuntamientos y las autonomías, lo que ha afectado a 200.000 microempresas, que han cerrado”. ¿Qué credibilidad pueden tener las promesas electorales de que van a pagar en tiempo y forma? Es curioso que el cumplimiento de la ley se haya convertido en un argumento para pedir el voto. “Si no me votas, no salgo elegido, y si no salgo elegido no cobras”, es el mensaje subliminal de no pocos candidatos, sin duda defensores del Estado de derecho.

Las deudas a los autónomos y microempresas se estiman en 12.000 millones de euros, pero aunque no cobren en tiempo y forma, han de liquidar el 18% de IVA como si hubiesen cobrado. El resultado, según la descripción del presidente de ATA, es que están adelantando a Hacienda 1.500 millones de euros. De ahí al desánimo y al cese de actividad media un paso. Según Amor “se junta la insensibilidad de los poderes públicos con la falta de ganas de reconocer la realidad del tejido empresarial”.

Los datos están claros: hay en España 2,4 millones de autónomos y microempresas con uno o dos trabajadores, lo que representa cerca del 50% del empleo existente. Pero esa realidad es como si no existiera; sigue al margen del llamado “diálogo social” que cansinamente protagonizan la administración, la patronal y los sindicatos. Ese diálogo tan útil para ajustar las tuercas a los trabajadores de las 18.000 empresas con plantillas de más de cien empleados, no sirve para la mitad de la población trabajadora. “Yo si que achaco a la estructura del diálogo social el fracaso del desempleo”, afirma Amor.

Otra nota del desayuno con el presidente de ATA, dirigida al ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, es que no hay nada de sumergido en el “trabajo atípico” sin contrato laboral o en la “relación informal” o prestación de bienes y servicios a cambio del pago de la factura. Bastante desgracia tienen quienes han de sobrevivir sin red ni garantías de cobrar por su trabajo para soportar encima la presunción delincuencial del de la silla en el G-20 y comisariado europeo de euricidas.