Artur Mas ha cubierto sus primeros cien días llenando la calle con protestas por sus recortes en los servicios sociales. Sus exigencias al Gobierno central que cumpla sus compromisos, las denuncias por la herencia recibida y su insistencia en asegurar que las actuales restricciones presupuestarias son necesarias para “arreglar el país” y asegurar el futuro del estado de bienestar. Reclama una y otra vez que los catalanes confíen en sus propias capacidades para superar este mal momento. E incluso habla que frente a las protestas “hay una mayoría silenciosa” que aprueba su política pese a un sector que realiza protestas ruidosas: “No hay peor recorte que el que no se planifica”.

Sin embargo la presión de la calle empieza a hacer mella y más en plena campaña electoral. Por ello espera la llegada del lunes  –aunque nadie lo reconozca- y que los  cambios políticos que se produzcan en muchas comunidades y ayuntamientos de toda España conlleve la misma sorpresa desagradable que se encontró él cuando asumió la presidencia de la Generalitat: que la situación económica de las instituciones sea mucho peor de la prevista. También prevén que la lista de socios que denuncien “la herencia recibida” se incremente considerablemente y vaticinan que  muchas de las promesas que determinados partidos hacen en campaña pronto se convertirán en brindis al sol.

Esta situación esperan que propicie que el Govern de la Generalitat dejará de ser “los malos de la película” y que la actual cerrajón del Gobierno central en negociar la transferencia de los fondos comprometidos varíe radicalmente. Además la ministra de Economía puede verse desbordada por que cualquier parecido con la realidad de los números oficiales con la deuda real sea pura coincidencia y ello le fuerce a readaptarse a una nueva realidad (si poco antes de que el tripartito dejara el gobierno de la Generalitat el ministerio avaló los números que le presentaron y que se alejaban bastante de la realidad, cabe temer  que esta situación se pueda repetir en otras instituciones).

La Generalitat recibió la orden imperativa de reducir el déficit al 1,3% este año. La negativa de la institución catalana fue radical: es imposible de cumplir y anunció que si no recibe ayudas el déficit que contemplaran los presupuestos de este año –después de haber hecho un recorte de caballo- se acercará mucho al 2,6%.

Es evidente que si ahora Catalunya tiene un problema con el déficit, si la situación se extiende a otras comunidades, será el ministerio de Hacienda quien realmente tenga los problemas. Está claro que en una campaña nadie votaría a un partido que prometiera tijerazos en sus servicios sociales, por lo que este problema todos lo aparcan para el día 23. Menos en Catalunya, por que aquí las elecciones autonómicas se celebraron antes y las medidas impopulares ya se están aplicando.