El mundo al revés. Ésta podría ser la frase de lo que ha ocurrido esta semana en España, y una puesta en evidencia más de que los poderes políticos se alían con los poderes económicos, mientras que el resto de los ciudadanos nos encontramos totalmente desprotegidos ante sus desmanes. La ¡penúltima! ocurrencia del Gobierno es ponerse a estudiar qué pasaría si los pensionistas que ganen más de 18.000 euros al año deben pagar más por sus medicinas. Un ‘globo sonda’ que no ha gustado a nadie porque quienes más cobran es porque más contribuyeron al sistema y porque se romperían principios tan sagrados de la ‘biblia constitucional’ como el de la igualdad.

Muchas veces he pensado qué pasaría si dejáramos de utilizar los bancos y volviéramos a esas molestas y antiguas costumbres de no depender de ellos ni para depositar nuestro dinero (pese a que los ladrillos vayan de burbuja en burbuja) ni para pagar recibos ni pedir créditos… Ahora es impensable por el tiempo que nos ahorramos, más que por la seguridad que podamos tener en que nuestro dinero esté bien custodiado.

La única seguridad que nos hemos encontrado es que un banco en España es imposible que quiebre. Ahí está ‘papá’ Estado para rescatarlo pidiendo dinero a las mismísimas Lagarde y Merkel. Esta semana el Tribunal de Cuentas nos ha confirmado que el agujero de nuestro sistema financiero es difícil de concretar, porque en diciembre de 2015, cuando cerró su informe todavía no se había dejado de inyectar dinero.

Hasta esa fecha, el coste ascendía a la escandalosa cifra de 60.718 millones de euros (casi los mismos millones que tenía el Fondo de Reserva antes de que se empezara a diezmar hasta dejarlo en unos escuálidos 12.000 millones de euros). Pero esa cantidad se queda corta cuando el Tribunal asegura que se han invertido 122.00 millones desde 2009 en que se tuvo que rescatar a la Caja de Castilla-La Mancha. Echando mano de la calculadora, aunque la cifra no es difícil de sacar, resulta que por el camino se ha perdido prácticamente la mitad del dinero invertido con recursos públicos. ¡Menos mal que los que pagamos éramos los derrochones que vivíamos por encima de nuestras posibilidades!

Para que no nos desanimemos, el Tribunal de Cuentas nos asegura en su informe que se podrá recuperar algo de ese dinero, auqnue todo dependerá de lo que haga el Frob con las acciones de Bankia (BFA) y BMN, valoradas en cerca de 11.200 millones de euros, y una protección de activos de diversas entidades cuyo saldo vivo supera los 17.200 millones.

Vamos que habrá pérdidas, porque el mismo Frob no parece haber hecho bien los deberes cuando vendió Novacaixagalicia Banco, Catalunya Banc, Banco de Valencia y Banco Gallego, operaciones en las que se le olvidó «detallar» todas las garantías de los contratos de venta. El Tribunal no tiene ni claro cuál fue el tipo de interés con el que calculó el Frob el coste de la financiación de las ayudas a Bankia, CX, NCG, Unnim, Banca Cívica, BMN y CEISS… Y eso también es un error de bulto.

¿Quién va a pagar las pérdidas del rescate que el Tribunal de Cuentas da por seguras? Tal vez por eso la ministra Montserrat haya empezado a darle vueltas otra vez al copago sanitario, en la comisión del Pacto de Toledo vuelvan a la carga con alargar la edad de jubilación o recortar las cuantías y Montoro que ya presume de récords de recaudación en 2016 nos «prometa» una futura bajada del IRPF. El problema es que nos hemos vuelto unos descreídos.