Asimismo, Fitch, que asume que España cumplirá en 2016 con el objetivo del 4,6% sobre el PIB fijado por Bruselas, cree que incumplirá sus compromisos fiscales con la Unión Europea en 2017 y 2018, para cuando prevé un desequilibrio negativo de los presupuestos del 3,5% y del 2,9%, respectivamente, frente al 3,1% y 2,2% requerido por las instituciones comunitarias.
«La nota de solvencia equilibra el elevado valor añadido de España, sus instituciones sólidas, la recuperación económica dinámica, el saneamiento en curso del sector financiero y la mejora de la balanza por cuenta corriente con altos niveles de desempleo, grandes niveles de deuda externa y deuda pública, retraso fiscal e incertidumbre política», precisa la agencia en un comunicado.
Respecto al déficit, la agencia proyecta que a mediados de 2017 la reducción del déficit será «cíclica» y provendrá principalmente del lado del gasto, aunque espera que nuevas medidas fiscales similares a las adoptadas durante el pasado mes de diciembre aporten unos ingresos adicionales de aproximadamente 5.000 millones de euros (0,5% del PIB) a la economía española.
Por otro lado, Fitch estima que la deuda pública se reducirá progresivamente hasta el 99,1% en 2017, para alcanzar el 93,3% del PIB en 2025, un nivel «elevado» si se compara con la media del 40,6% sobre PIB del resto de países con una nota de solvencia similar.
A juicio de la calificadora, la formación de Gobierno el pasado mes de octubre, ha reducido el riesgo de que pueda dar marcha atrás con las reformas estructurales acometidas durante la pasada legislatura, pero recuerda el «reto» que supone gobernar en minoría.
«Esto se agravará por los cálculos del PSOE sobre apoyar u oponerse a partes de la agenda del Gobierno en respuesta al desafío político que supone hacer frente a Podemos», añade Fitch, que sostiene que el PP dará prioridad a los aspectos clave de la labor gubernamental y no propondrá reformas estructurales importantes.
Respecto a las tensiones independentistas, el escenario base de la agencia de calificación contempla un acuerdo entre Madrid y Barcelona para reformar el sistema autonómico que otorgue una mayor autonomía a Cataluña, aunque califica el proceso como «desafiante».
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