Por un día, Madrid no tuvo el privilegio de ser el “manifestódromo” de España, gracias a que Barcelona acogió hasta tres protestas de forma simultánea. Las más numerosa fue la de los agricultores, ya que unos 500 tractores y unas 5.000 personas culminaron tres días de la denominada “Marcha Campesina por la Dignidad”, que ha recorrido toda Cataluña y que culminó el sábado en Barcelona, en la avenida Maria Cristina del recinto ferial de Monjuic.

Mientras, en las Ramblas barcelonesas, un millar de personas “ocupaban” el popular paseo bajo el eslogan “Barcelona no está en venta”, convocados por las asociaciones de vecinos y colectivos antisistema en contra del turismo y la especulación inmobiliaria. En la protesta también han participado destacados dirigentes de los denominados “comuns”, formación que respalda a la alcaldesa Ada Colau. Como en el caso de los agricultores, los vecinos también acudieron juntos desde los distintos barrios de la ciudad con carteles en catalán e inglés en contra de los pisos turísticos y del desplazamiento de los ciudadanos por la llegada masiva de turistas, que ha encarecido los alquileres. La protesta coincidió con la aprobación del Ayuntamiento de prohibir la construcción de nuevos alojamientos turísticos en el centro de la ciudad.

En otro punto de la ciudad, en la zona de Arco de Triunfo, unos sesenta neonazis se concentraban para protestar contra la condena de prisión a los catorce asaltantes de la librería Blanquerna. Los ultras gritaban consignas a favor de los condenados, con frases del tipo «Gloria eterna a los de Blanquerna», y también en contra de la independencia, como «No nos engañan, Cataluña es España» o «catalanidad es hispanidad». La concentración había sido convocada por distintas organizaciones de extrema derecha, como Democracia Nacional, y algunos de los asistentes llevaban banderas de la Falange.

Defienden la agricultura familiar

La Marcha Campesina salió el jueves 26 y el viernes 27 desde 18 poblaciones para concentrarse el sábado en Barcelona. El sindicato Unió de Pagesos ha reclamado que la defensa de la agricultura familiar sea un signo de identidad política de Cataluña. Por ello, pide al gobierno catalán y sociedad que no ahorren esfuerzos en superar los retos que ponen en peligro este modelo agrario: mercados en origen que no garantizan precios justos para los productores, políticas de apoyo al desarrollo rural recortes, gestión ineficaz de la fauna salvaje, espacios agrarios desprotegidos y arbitrariedades administrativas respecto a las fincas agrarias y sus construcciones, y que las administraciones desprecien los representantes sindicales, avalados por las elecciones en el campo, en la toma de decisiones.

Según datos del Instituto de Estadística de Cataluña de 2013, de 59.097 explotaciones, 52.823 cuentan con la mano de obra de los familiares, con un total de 93.289 personas. Se trata mayoritariamente de explotaciones de pequeña y mediana dimensión. Además, la renta agraria acumula un descenso del 39%, en términos constantes, entre el 2001 y el 2015. En diez años se han perdido 21.477 explotaciones familiares (en 1993 había 74.300).

El sector productor facturó en 2015 4.310 millones de euros. El sindicato ha remarcado hoy que si el sector agroalimentario, que incluye industria transformadora y distribución, es el motor económico de Cataluña, hay que preservar el modelo agrario productor con el que cuenta el país. Por ello, Unió de Pagesos propone un pacto nacional para el sector que ponga la agricultura en primer término.Los profesionales agrarios no siempre obtienen el fruto del trabajo cuando llevan los productos al mercado y a menudo los precios en origen son muy bajos. El poder de negociación de los productores catalanes es limitado; sólo tres operadores comerciales (Carrefour, Mercadona y Caprabo-Eroski) en Cataluña concentran cerca del 50% de la oferta comercial, y la agroindustria también está muy concentrada en sectores como la leche, el vino, el aceite de oliva y la carne de conejo.

Para el sindicato, una política que quiera defender el modelo agrario de Cataluña debe asegurar la justicia y la equidad en el comercio y la distribución de los productos agroalimentarios. La administración, a juicio de Unió de Pagesos, debe movilizar recursos para la inspección y control de la normativa de competencia, comercio, consumo y sanidad alimentaria.