El Pleno del Congreso ha convalidado este martes el real decreto ley de medidas urgentes para el impulso del sistema nacional de Garantía Juvenil. El plan, que ya ha atendido a 421.000 jóvenes, aunque contabiliza más de un millón de potenciales beneficiarios, simplifica los requisitos de acceso a los jóvenes que hayan finalizado sus estudios o quedado en el desempleo.

Además, el sistema evita pasar la factura de estas ayudas a la Seguridad Social, y convierte en bonificaciones las reducciones de cuotas que antes mermaban los ingresos del instituto pagador de las pensiones.

La norma simplifica los requisitos de acceso al sistema que promete ofrecer empleo o formación a los jóvenes desempleados. Si antes hacían falta tres meses o treinta días sin estar recibiendo formación o trabajando, ahora basta con no haberlo hecho el día anterior a la solicitud de inscripción.

Además, aumentan los puntos de inscripción: ahora, todas las entidades participantes pueden establecer procedimientos específicos para esa inscripción de jóvenes en el fichero único. Estas entidades participantes son comunidades autónomas, interlocutores sociales, cámaras de comercio y entidades locales, entre otras.

Se permite también la inscripción automática en el sistema de los jóvenes que cumplen los nuevos requisitos. De este modo, todos los jóvenes demandantes de empleo que cumplan con los requisitos, serán inscritos automáticamente en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Finalmente, la norma carga los costes del sistema sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no sobre las arcas de la Seguridad Social.

Así, la tarifa plana de trabajadores autónomos y los contratos para la formación y el aprendizaje pasarán a ser considerados bonificaciones a la contratación, y no reducciones como hasta ahora.

Más de 3.260 millones

España tiene asignados por la Comisión Europea un total de 2.360 millones de euros. Está previsto además, pendiente de aprobación por el Parlamento Europeo, que haya una asignación de en torno a 900 millones de euros, lo que incrementaría la dotación del Programa Operativo, hasta los 3.260,6 millones.

De esa dotación, en diciembre de 2017 se deberá haber declarado a la Comisión un gasto total de 1.082 millones y al año siguiente, en diciembre de 2018, el restante de 849, más lo que resulte del incremento de fondos.

El decreto ley convalidado hoy lleva vigente desde hace semanas. Según resaltó la ministra de Empleo, Fátima Báñez en el Congreso, en el último mes el número de inscritos en el sistema se ha incrementado en casi 13.900 jóvenes, lo que equivale a un ritmo de 500 al día.

Báñez ha destacado algunas cifras relativas al empleo juvenil. Desde 2021, el peso relativo de la Formación Profesional se ha visto impulsado, con 543.000 contratos para la formación y el aprendizaje firmados. Por su parte, en 2016, la contratación indefinida de jóvenes menores de 25 años creció a un ritmo del 25%.

Críticas de los sindicatos

Sin embargo, la medida ha recibido críticas por parte de los sindicatos. Coincidiendo con la convalidación del real decreto ley, las centrales sindicales han exigido al Gobierno que “cumpla su compromiso” y “abra” la mesa de diálogo social con objeto de acordar las medidas necesarias para hacer del Plan de Garantía Juvenil un proyecto “eficaz” que genere empleos de calidad para los menores de 30 años.

Los sindicatos reconocen que el plan cuenta con “algunas medidas positivas”. Sin embargo, añaden, estas medidas, por sí solas, serán “inútiles si el Gobierno sigue concentrando sus esfuerzos en maquillar datos de empleo juvenil”, concluyeron.

Ambas organizaciones consideran que la ampliación del programa de Garantía Juvenil “es insuficiente” y “no parte de un análisis adecuado que permita evaluar los resultados obtenidos hasta ahora”.

“Sin la información cuantitativa y cualitativa apropiada cualquier iniciativa que se tome no será más que un parche aplicado a ciegas”, remacharon.