UGT y CCOO movilizarán a los trabajadores a finales de febrero para exigir a los empresarios que mejoren su oferta salarial para 2017. Las movilizaciones, que tendrán lugar en la calle y en las empresas, incluirán al Gobierno entre sus destinatarios, junto a la patronal CEOE. Además, los sindicatos mantienen abierto su frente en el Congreso, donde tras sus últimas victorias, exigen ahora que los parlamentarios deroguen por partes la reforma laboral.

La amenaza es nítida. Pepe Álvarez, líder de UGT, ha anunciado este lunes movilizaciones para defender los derechos de los trabajadores en materias como las pensiones, los salarios y el ordenamiento jurídico en materia laboral. En una asamblea de delegados en Asturias, Álvarez ha acusado a los empresarios de hacer una propuesta “inaceptable” y ha exigido a CEOE que vuelva a sentarse a la mesa de negociación donde se discute el ritmo del aumento salarial durante este año.

Por su parte, fuentes de Comisiones Obreras (CCOO) confirmaron a este diario las futuras movilizaciones, que tendrán lugar a finales de febrero y primeros de marzo, en respuesta a la parálisis de los empresarios en la mesa de negociación del AENC, el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva.

Los sindicatos contestan así a la oferta salarial lanzada por la confederación empresarial CEOE de una subida de hasta el 1,5% este año, más un 0,5% adicional en función de la productividad.

Las centrales, que exigen subidas de entre el 1,8% y el 3%, acusan a CEOE de paralizar la negociación y les demandan que vuelvan a sentarse y hagan una buena oferta, que contribuya a “repartir” los beneficios que están logrando las empresas.

“La patronal nos ha hecho una propuesta inaceptable que limita la capacidad de poder adquisitivo e impide la creación de empleo por la vía del consumo interno”, clamó hoy Álvarez. “Exigimos a la patronal que vuelva a sentarse en la mesa de negociación”, advirtió.

Los sindicatos tratan de este modo de aumentar la presión sobre los empresarios en una negociación que se ha visto sacudida por la evolución de los precios. Después de unos años de moderación salarial, las organizaciones sindicales ven en el incremento del IPC, que se situó el pasado mes de enero en el 3%, una amenaza para el poder adquisitivo de los trabajadores.

Frente parlamentario

Sin embargo, el campo de la acción de los sindicatos no se limita a la mesa de negociación colectiva. Las organizaciones sindicales ven en la actual debilidad parlamentaria del Gobierno una oportunidad para que triunfen sus postulados. Si la semana pasada el Congreso aprobó la tramitación de una renta mínima para familias sin recursos, los sindicatos exigen además que se reviertan reformas como las de las pensiones o la reforma laboral.

En concreto, los sindicatos pretenden suprimir el nuevo sistema de actualización de las pensiones, y acompasar de nuevo sus subidas con la evolución de los precios, medida por el IPC.

“Las pensiones deben revalorizarse en base al IPC previsto y con cláusula de revisión porque, si no, los pensionistas perderán poder adquisitivo”, subarayaba hoy Álvarez.

Además, exigen cambios en la reforma laboral, aprobada en 2012. En este caso, los sindicatos pretenden comprometer a los empresarios para amortiguar por su cuenta algunos de los efectos de la reforma laboral. Aunque, si esto no es posible, reclaman al Parlamento que cambie la reforma laboral “artículo por artículo”, ha dicho hoy Álvarez.

Finalmente las centrales reclaman a las fuerzas política la adopción de un pacto de Estado por la energía, que tengan en cuenta a recursos como el carbón, ha dicho hoy Álvarez en Asturias.

Asalto a la sede sindical

Finalmente, el líder de UGT ha criticado con dureza la actuación de la Guardia Civil, que irrumpió hace tres semanas en la sede del sindicato en Oviedo en el marco de una operación por un supuestos uso irregular de fondos destinados a la formación.

Hasta en tres ocasiones, Álvarez ha calificado de “asalto” la entrada de la Guardia Civil y ha apuntado al ministerio del Interior como responsable de esta actuación.

Álvarez ha dicho que los agentes salieron con cajas “vacías, en su mayoría”, y ha sugerido que la actuación se responde a un campaña de desprestigio contra el sindicato.

“No hacía falta tomar la sede al asalto. Como tampoco hacía falta avisar a los medios y que estos lleguen antes que la propia Guardia Civil a las puertas del sindicato. En todo caso, si se hace esto, los medios deberían asistir también al registro para que puedan comprobar cómo las cajas salen vacías en su mayoría”, ha dicho.

El auto hablaba de cuestiones relacionadas con la Formación Profesonal. Pero se han llevado también toda la información sindical. El último responsable es el ministro del Interior, que no tiene por qué tener la información sobre la estrategia sindical de UGT en manos de un cuerpo militar”, sentenció.