El instructor del ‘caso Púnica’, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, ha dictado un auto en el que conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia y atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y otras cinco conductas presuntamente delictivas a la senadora del PP Pilar Barreiro.

En un auto dado a conocer este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda la formación de la pieza III de la «Operación Púnica» relativa a las supuestas irregularidades en Murcia y dirige el procedimiento contra 22 personas.

La presunta actividad criminal del presidente murciano, sería por supuestamente concertarse en la primavera de 2014 con empresas de Alejandro de Pedro para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación de la que era el principal responsable con el fin de realizar, en realidad, trabajos particulares de reputación en Internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como presidente de Murcia. El coste total de los trabajos habría alcanzado los 32.200 euros si bien no llegó a ejecutarse tras estallar el caso.

En el caso de Barreiro, quien fue en su día, alcaldesa de Cartagena, el juez le atribuye los delitos fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por igualmente concertarse con empresas de De Pedro para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación, así como por presuntamente sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital en esa ciudad que emitiera informaciones favorables, así como los honorarios de un periodista.

Respecto de ambos, el juez señala que al tratarse de una senadora -cuyo enjuiciamiento correspondería al Tribunal Supremo- y del presidente de la Región de Murcia -competencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia debe recabarse por el conducto oficial, tanto del Senado como de la Comunidad de Murcia, «su calidad de tales al objeto, en su caso, de elevar a los respectivos órganos judiciales competentes, la oportuna exposición razonada».

Además de contra Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreriro, el juez dirige el procedimiento contra otras 20 personas, entre ellas Alejandro de Pedro, el ex consejero de Industria de Murcia Juan Carlos Ruiz López, el ex alcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y dos exdirectoras generales, entre otras autoridades y funcionarios.

El juez considera los hechos constitutivos de los delitos de cohecho, fraude, revelación de información reservada, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento y pertenencia a organización criminal. El magistrado, que individualiza en el auto los delitos que atribuye a cada uno, también dirige el procedimiento contra 4 empresas que presuntamente participaron en los hechos: Madiva Editorial y Publicidad, Duravit & Marset Group, Mistral Inversiones y la marca comercial Linkatic.

El resto de investigados son la exdirectora general del Instituto de Turismo María Dolores Martínez Robles ‘Mariola’; el secretario general de la Consejería Jesús Norberto Galindo Sánchez, el socio de De Pedro José Antonio Alonso Conesa, el exjefe de Gabinete del Consejero de Industria Fidel Saura, y varias personas vinculadas al empresario De Pedro como Sara Gargallo Rico, Francisco Javier Bueno, María José Gutiérrez Martínez ‘Ajo’, Guadalupe Caballero Carrascosa, Adrián de Pedro y Esther Gutiérrez Martínez. También se dirige contra que era entonces directora del instituto de Fomento de la región de Murcia, Reyes Samper Henarejos. El resto de citados en el auto del juez Son Francisco de Asis Ferrero, María del Mar y David Conesa, Agustín Alonso Conesa y Vicente Gimeno Martínez.