Así lo recoge el auto de apertura de juicio oral del titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que dictó el pasado 9 de febrero y que se ha dado a conocer este martes. El magistrado acuerda celebrar el juicio contra el exdirigente popular, el agente de la Unidad Central Operativa (UCO) José Manuel Rodríguez Talamino y a su asesor de seguridad, en excedencia, José Luis Caro Vinagre ante el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Además, constata que se mantienen las medidas cautelares personales adoptadas contra los acusados -Francisco Granados lleva en prisión preventiva desde el 31 de octubre de 2014- y que deberán pagar una fianza como responsables civiles directos o subsidiarios, cuyas cantidades serán «próximamente» notificadas.

La Fiscalía Anticorrupción pide también tres años de prisión por violación de secretos con grave daño para la causa pública para Rodríguez Talamino y el mismo delito que a Granados para Caro Vinagre.

El auto que se ha dado a conocer este martes, recuerda que en el marco de la instrucción de la trama Púnica en el que se investiga la comisión de delitos contra la Administración Pública, fraude fiscal, falsedad, organización criminal y blanqueo de capitales, se sospechaba de la participación de otros cargos públicos, funcionarios y técnicos -además de Marjaliza y Granados- en la adjudicación de contratos públicos presuntamente «a cambio de comisiones varias». «En el curso de la investigación se evidenció que David Marjaliza dirigía sus corruptos negocios desde su lugar de trabajo en el conocido como Edificio Éboli» en Pinto (Madrid), detalla el escrito de Velasco. En este sentido, el juez instructor detalla en el auto que se ha dado a conocer este martes que Rodríguez Talamino, destinado en la UCO, se dirigió a Granados durante las fiestas de Valdemoro para advertirle de que había participado en la colocación de un dispositivo de vigilancia a las puertas de las oficinas de las empresas del empresario, en el centro comercial de Pinto.

El agente del Instituto Armado también avisó a Caro Vinagre, que había pasado a desempeñar un cargo de confianza en la Comunidad de Madrid a través de Granados. «Decidió hacer un favor a todos ellos facilitándoles información confidencial» y advirtiéndoles de la colocación de la cámara, recalca Velasco y hace hincapié en que Rodríguez Talamino desveló información «a sabiendas de que estaba sometida a absoluta reserva y no debía ser divulgada dada su relevancia para la investigación».

Tras esto, el que fuera número dos de Esperanza Aguirre en el PP madrileño y cerebro de la trama Púnica «desplegó una serie de actuaciones» para comprobar el «grado de veracidad de la fuente y ampliar los datos proporcionados por la misma». Aún sabiendo por los distintos cargos que había ostentado -como en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid- que la ley de funcionarios públicos impone «el deber de sigilo y secreto» de los asuntos que conocen a razón de su cargo, Granados quiso conocer si la investigación que recaía sobre su amigo también se dirigía contra él, destaca el auto. El objetivo era poder adoptar medidas para poner «a buen recaudo su patrimonio de origen ilícito» y alertar a Marjaliza de dicha investigación por lo que partió los fondos «en domicilios de amigos y familiares». Para ello, Granados llamó a Caro Vinagre para contarle que Rodríguez Talamino se le había acercado para hacerle la advertencia y quería corroborar que efectivamente esta persona era miembro de la UCO, además de ampliar la información recibida.

Velasco considera que el chivatazo, que se produjo en la noche del 5 al 6 de septiembre de 2014, «obstaculizó y entorpeció gravemente» el curso de la investigación realizada por la UCO sobre la operación Púnica .

El 5 de julio de 2016, el juez instructor concluyó la investigación de esta primera pieza separada, denominada ‘pieza I Talamino’, de las 14 que obran en el sumario de la trama Púnica. Este día, Velasco dictó un auto de transformación de procedimiento abreviado en el que procesó a Granados y a los dos miembros de la Guardia Civil.

El magistrado consideró que el exmandatario popular se había beneficiado del chivatazo e interesó conseguir datos sobre las pesquisas para que los «vigilados» pudieran adoptar medidas que «contrarrestasen y anulasen» la investigación judicial. Además calificó a Rodríguez Talamino autor de este aviso, el cual tenía acceso a la información por su oficio, y a Caro Vinagre, cooperador necesario.

No obstante, el otro considerado cabecilla de la trama, David Marjaliza, está fuera de la instrucción de esta pieza, a pesar de haber confesado que había «quemado» todos los documentos que le incriminaban después de que Granados le advirtiera de que estaba siendo investigado.