Aunque queda un mes para que concluya el plazo que se ha dado la Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia para tomar una decisión firme sobre Electricaribe, el Gobierno de Bogotá parece que ya tiene perfiladas las alternativas para el futuro de la filial de Gas Natural. Y, según declaraciones de autoridades políticas de ese país, ninguna pasa por devolver la gestión al grupo español.

La intervención de Electricaribe se produjo el pasado 14 de noviembre ante el deterioro de la estructura financiera de  la empresa de distribución de electricidad, que, según su primer accionista Gas Natural, se ha debido al impago continuado de las facturas, incluso por parte de organismos de la administración, y al creciente fraude.

Pasados 60 días, que fue el plazo inicial fijado para las conversaciones entre los nuevos gestores de la empresa, la Administración de Colombia y Gas Natural no se alcanzó un principio de acuerdo que pudiese dar base a un pacto definitivo. En enero pasado, la Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia extendió la toma de decisiones dos meses más, que vencen este 14 de marzo.

No obstante, según declaraciones de Javier Lastra, agente especial interventor de Electricaribe, el futuro de la distribuidora lo definirá el Superintendente José Miguel Mendoza. También ha destacado las deudas acumuladas y que la decisión final podría hacerse pública «en cualquier momento».

Y las alternativas son la liquidación de Electricaribe, que siga operando bajo la administración del Estado. O que se la traspasen de forma definitiva a una empresa que asuma la gestión. La prensa colombiana también señala, dadas las manifestaciones al respecto, que los planes del Gobierno de Juan Manuel Santos no  incluyen la devolución de la eléctrica a Gas Natural.

Si bien Gas Natural Fenosa ya ha dado pasos tras la intervención de noviembre. La primera fue sacar de su perímetro de consolidación, dando una valoración al activo de 475 millones de euros. En su intervención ante los analistas por la presentación de los resultados de 2016, el consejero delegado del grupo, Rafael Villaseca, señaló que la desconsolidación se enmarca en la obligación contable al haber perdido el control sobre Electricaribe. No obstante, la idea de la dirección de la empresa española es que el activo tiene un valor superior, que es el que pretende lograr.

Además la compañía que preside Isidro Fainé no quiere esperar al 15 de marzo y fija el  3 de marzo como fecha habilitada para solicitar un arbitraje internacional, si no se ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Colombia.