Las medidas de protección a familias vulnerables que el Gobierno impulsó en 2013 para atajar la oleada de desahucios mediante el desarrollo de un Código de Buenas Prácticas Hipotecarias, al que se han ido adhiriendo los bancos, ha beneficiado a 78.600 familias, según el balance  realizado por el Ministerio de Economía.

Se han suspendido 24.000 lanzamientos hipotecarios (desahucios), 45.600 familias se han acogido al Código mediante 38.500 reestructuraciones de deuda y 7.000 daciones en pago (entrega de la vivienda al banco que deja saldada la deuda).

Además, la banca ha entregado 9.866 pisos al Fondo Social de Viviendas, que ha adjudicado 9.020, “más del 90%”, a familias vulnerables que pierden su hogar.

El Gobierno ha decidido prorrogar la vigencia del Fondo Social de Viviendas y otras medidas antidesahucios hasta enero de 2019.