La Reforma Laboral de 2012, es el mayor ataque a los derechos laborales de las últimas décadas:  devalúa los salarios, precariza las condiciones laborales, desequilibra y debilita la negociación colectiva y el poder vinculante de los convenios. La Reforma Laboral es la apuesta de las élites económicas y financieras  por una economía que adolece de un modelo productivo que apueste por la industria, la ciencia y la innovación, por la digitalización, por la reducción del precio de la energía, y  que supone una ambiciosa reducción de los derechos democráticos y sociales de los trabajadores.

La precarización de las condiciones laborales y de vida de la mayoría de la sociedad es su resultado, después de cinco años. La reforma destruyó millones de empleos y condujo el paro a máximos históricos. Hoy, la precariedad afecta cada vez más a más trabajadores y trabajadoras y durante períodos más amplios de su trayectoria laboral. Con la reforma laboral no se ha reducido el empleo temporal, sino que la contratación indefinida es más inestable. El resultado es una sociedad más desigual y más pobre, donde millones de personas transitan  del paro al empleo precario, y rotan entre el desempleo y la sobrexplotación de los empleos de salarios bajos. En España la pobreza tiene rostro de mujer, joven e inmigrante. La Reforma Laboral ha fracasado, solo ha servido para aumentar la inestabilidad y la precariedad del empleo, incluso en la recuperación. España es el país con mayor desempleo  y con la mayor precariedad laboral de la UE.

La nueva situación económica y política es una oportunidad para cambiar las políticas de austeridad y recortes llevadas a cabo por el Gobierno del PP, a través del diálogo político y social. Pero este no puede ser de decorados. La concertación social debe ser real y dar fruto a acuerdos concretos. Urge un modelo democrático de relaciones laborales, un nuevo marco institucional  y legislativo sobre el trabajo, que se acomode a los principios del Estado Social  y del reconocimiento del trabajo como eje de atribución de derechos de ciudadanía, lo que exige derogar las últimas reformas laborales y recuperar los derechos eliminados,  aumentar el salario mínimo, garantizar  y recuperar de manera significativa  el poder adquisitivo de los salarios; suprimir todas las formas de precariedad laboral y recuperar en la práctica la causalidad de la contratación, restablecer la negociación colectiva como instrumento principal, con plena autonomía, dándole otra vez la prevalencia a los convenios colectivos de sector,  volviendo a la ultraactividad sin restricciones, respetando la legitimidad negociadora de los sindicatos; modificar el régimen jurídico del despido; reformar el Estatuto del Trabajador Autónomo y recuperar el Estatuto Básico del Empleado Público y el derecho efectivo a la negociación colectiva  de los empleados públicos.

Las reformas laborales de 2010 y 2012, especialmente la llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular, asestaron un duro golpe a los derechos de la población asalariada, acentuaron los ataques a los colectivos más vulnerables del mercado de trabajo, facilitaron y abarataron aún más el despido  y quebraron el equilibrio –ya maltrecho de la negociación colectiva. La arquitectura del trabajo construida a lo largo de la democracia quedó hecha añicos, y no se disimuló el objetivo central de las reformas: debilitar el poder contractual de los sindicatos, ensanchar el territorio de la discrecionalidad empresarial y tender hacia la individualización de las relaciones laborales. Por eso, CCOO insistirá en la necesidad de derogar las reformas y desmontar las supuestas ‘bondades’ que la derecha política y económica atribuye a las mismas: sin  empleo y salarios dignos, sin derechos laborales homologables a los del resto de los países de la UE, la democracia en las empresas será un espejismo.

Se necesita poner en marcha un Plan de Choque contra el desempleo que atienda, sobre todo, a los colectivos más vulnerables y afectados por el desempleo (parados de larga duración, mujeres, jóvenes,..) fijando recursos para las políticas activas de empleo y extendiendo y ampliando el sistema de protección por desempleo. Las soluciones a los graves problemas de las personas no pueden esperar  más. Es posible y necesario el cambio que demandamos.

Ramón Górriz, secretario confederal de Acción Sindical de CCOO