El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha cargado hoy contra el ministerio de Empleo por la adjudicación de la vigilancia de los centros de acogida de refugiados a la empresa Sinergias de Seguridad Privada. Esta empresa, según la central, realiza “prácticas ilegales” en materia salarial. Por este motivo, CCOO reclama a la Administración una rectificación de su política de adjudicaciones.

La adjudicación de la vigilancia de los cuatro centros de acogida a refugiados que hay en España – dos en Madrid, uno en Valencia y otro en Sevilla – ha levantado ampollas en Comisiones Obreras.

El sindicato denuncia que Sinergias de Seguridad Privada, la empresa que se ha hecho con la adjudicación, lleva a cabo una política salarial “ilegal” consistente en rebajar las retribuciones de los trabajadores por debajo de lo que marca la ley.

Bajos salarios

“Esta empresa es conocida, y temida, en el sector por reventar los precios de las licitaciones gracias a prácticas que, desde CCOO, denunciamos como ilegales, y que incluyen pagar salarios que solo alcanzan el salario mínimo interprofesional – SMI – sumando pluses de antigüedad o nocturnidad”, afirma un portavoz del sindicato.

En España, el salario mínimo interprofesional se sitúa actualmente en catorce pagas de 707,60 euros mensuales; o, en términos anuales, en 9.906,40 euros brutos.

Además, CCOO afirma que este no es un caso aislado, sino que desde el sindicato han atendido “numerosas” denuncias de trabajadores de otras empresas que utilizan estas prácticas, o que directamente no pagan a los trabajadores, entre las que cita Cleanet o Proman, empresas adjudicatarias de otros concursos, en este caso del ministerio de Defensa.

La federación de construcción y servicios del sindicato reclama a la Administración Pública la adopción de un sistema de contratación pública responsable, que evite estas prácticas, asegurando los derechos y condiciones laborales de las plantillas contratadas por los licitadores.

CCOO acusa a Sinergias de Seguridad Privada de utilizar “artimañas legales” para reducir los derechos de los trabajadores, al amparo de la última reforma laboral.

En cuanto al ministerio de Empleo, el sindicato tilda de “cómplice” y “promotor” de estas condiciones laborales “indignas” al departamento que dirige Fátima Báñez, al adjudicar a esta empresa los servicios de vigilancia de los cuatro centros para refugiados.