Sánchez, quien ha comparecido este lunes en un hotel situado en las inmediaciones del Palacio de Justicia una vez concluida su declaración en sede judicial en calidad de investigado por el caso Auditorio, ha reiterado, igualmente, que dimitirá cuando haya «imputación formal».

«Vamos a seguir cumpliendo el acuerdo, otra cosa es que otros quieran interpretarlo de otra forma», ha afirmado Sánchez, quien advierte que ahora «la justicia es la que tiene que hablar y mientras, nosotros a trabajar».

Por ello, ha pedido a Ciudadanos que interprete el pacto en Murcia «como se interpreta en el resto de España y en la propuesta que presentó en el Congreso».

Sánchez, que ha contestado en el interrogatorio a las preguntas que le ha efectuado el instructor de la causa, el magistrado Julián Pérez Templado, las del Ministerio Fiscal y su letrado, Francisco Martínez Escribano, ha recordado nuevamente que esta denuncia partió del PSOE lumbrerense: «demasiadas denuncias», ha lamentado.

Asimismo, ha justificado su decisión de no responder a las cuestiones que ha planteado la acusación popular, que representa a Podemos y PSOE, porque «tienen una estrategia política para hacer daño de una forma ruin y no les interesa saber la verdad, les interesa que esto se alargue, se extienda, porque calumnia que algo queda».

En opinión del presidente murciano, «no hay que mezclar, ya que es una perversión que daña la credibilidad del sistema». De hecho, ha criticado que se le haya negado comparecer, a petición propia, en la comisión de investigación en la Asamblea Regional sobre este asunto, presidida por Podemos. «Soy el único presidente en todo el país que se le hace una comisión de investigación y no me dejan comparecer; Podemos la preside y aquí trae a su abogado a interrogarme», ha reprobado Sánchez, quien ha puesto en cuestión que «éstos» sean «los limpios, los que quieren mejorar y construir». «Éstos -ha dicho- son otra cosa».

Hay que tener en cuenta, ha explicado, que el PSOE «denuncia una obra de hace más de 10 años y esta obra se ha acreditado por parte de los técnicos, de los departamentos, del ayuntamiento, de las periciales».

Sánchez ha señalado que se recibió una subvención para hacer una obra. «Está hecha y todo el dinero de la subvención está invertido en la obra y nadie discute que se haya perdido un euro», ha defendido. Máxime, continúa, cuando el perito del fiscal «reconoce que todo el dinero está invertido en la obra» y si puede haber algún error administrativo en el expediente de la subvención «se está investigando». «Se da una subvención para una obra, la obra se aprueba y el 100% de la inversión está en la obra; la obra que se hace tiene el valor de la inversión y lo que hay allí está hecho y construido y tiene un importe que coincide con el dinero que se subvenciona», ha defendido.

Sobre si en el expediente o trámite de este proyecto de construcción del auditorio lumbrerense hay algún error administrativo, espera que «se aclare, pero no hablamos de dudas sobre la aplicación de unos fondos».

En este sentido, ha pedido a su abogado, Francisco Martínez Escribano, que a partir de los próximos días, aunque espera que las próximas horas, aporte «más documentación, más informes jurídicos, más informes técnicos para aclarar aún más algo» que considera que «está muy claro, y es que el dinero está ahí, y lo que se hace es invertir el dinero que hay».

Ha reconocido que la obra «se queda corta» porque «llegó la crisis». Y se pregunta «cuántas obras en cuántos ayuntamientos de toda España han necesitado de una segunda fase porque por que ese dinero no era suficiente». Pues bien, ha señalado que «la mayoría» de obras se han encontrado en esta situación.

Ha agradecido la posibilidad de haber declarado para «aclarar» y ha asegurado que él va a seguir trabajando, porque «esta región sigue necesitando de nuestro esfuerzo, de nuestras reformas, de nuestra valentía y de nuestras decisiones».

«Le tocará hablar a la Justicia», ha adelantado Sánchez, quien ha asegurado que él cumple su palabra y esperará a la «imputación formal» para dimitir. Así, ha emplazado a acudir a la «ley vigente» para comprobar que esa imputación formal «es cuando es».