Como suele suceder en esos actos, en la primera sesión del XXX Curso de Economía para Periodistas de Información Económica, que organiza la Apie y que se centra en «Economía colaborativa: oportunidad o amenaza», lo más ‘noticioso’ no fue el asunto de la jornada, sino una frase. «Siempre que me preguntan para qué sirve la CNMC, contesto lo mismo: para ahorrar a los consumidores 800 millones de euros en sobreprecios», afirma José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

Marín no dejó palo sin tocar ni pregunta sin respuesta. Incluso se lanzó antes de que nadie le interrogara. «Regular lo nuevo con instrumentos antiguos suele dar malos resultados», afirma sobre la economía colaborativa, «que debe estar sujeta a las mismas normas que la tradicional». «Algunos operadores tradicionales quieren prohibirlo todo, pero vamos a un escenario totalmente distinto, con nuevas formas de hacer negocios, en las que hay que evitar posiciones de dominio y también no impedir la creación de empleo», añade.

El presidente de la CNMC defiende un modelo de supervisión «totalmente independiente del Gobierno», con instituciones que «demuestren que efectivamente lo son». Critica el enfoque de supervisores especializados, porque «limitan la capacidad de análisis cuando se requiere un enfoque multisectorial y multidisciplinar, y no compartimentos estancos y pequeños». «La empresa que vendía teléfonos ahora produce entretenimiento», pone como ejemplo de cómo los grupos van variando los sectores en los que actúan y abarcando más actividades. «El futuro está cambiando muy deprisa», subraya.

Marín ve con «preocupación» la fusión entre Renfe y Adif. Cuando aparecen nuevos operadores en un mercado es «una buena noticia» para la competencia, mientras que cuando desaparece uno es «motivo de enorme inquietud».

También  le «inquietan» al presidente de la CNMC las últimas subidas de precios llevadas a cabo por los tres principales operadores de telecomunicaciones del país. Reconoce que los ajustes de tarifas que han llevado a cabo Telefónica, Orange y Vodafone vienen acompañados de más servicios, pero cuestiona si realmente esas mejoras que se ofrecen las necesitan los clientes. Sería «más razonable» darle a elegir al cliente si quiere esos nuevos servicios o si prefiere quedarse con lo que ya tiene contratado, pero «eso no se produce».

«Presiones, no, explicitación de intereses, sí»

Sobre la economía colaborativa, el presidente de la CNMC cree que el Gobierno en algunas ocasiones se encuentra «más cerca» de los intereses de algunos sectores tradicionales que de la evolución. «Gobernar es muy difícil», proclama, al tiempo que precisa que no ha recibido «presiones, sí explicitación de intereses».

Marín cree que debe aplicarse un «ajuste fino» a la Ley de la Competencia, que es de 2007, aunque es «una magnífica norma», porque se han producido «cambios profundos a una celeridad extraordinaria».

La clave es que la economía colaborativa (también utiliza los calificativos «disruptiva» y «digital») cumpla las mismas normas que la tradicional. Sobre el régimen tributaria, recuerda que la fiscalidad en destino «está inventada desde hace mucho tiempo».

Oportunidad o amenaza

Antes de la intervención del presidente de la CNMC, hubo un debate en el que participaron Sara Rodríguez, de la Asociación Española de la Economía Digital; Jaime Rodríguez, de BlaBlaCar; Rafael Barbadillo, presidente de la Confederación de Transporte en Autobus; y Gabriel Llobera, vicepresidente 1º de la Federación Hotelera de Mallorca, y que evidenció los diferentes planteamientos entre la economía colaborativa y la tradicional.

Sara Rodríguez afirma que Adigital representa a 37 empresas y que la economía colaborativa, que aportaba 330.000 millones de euros en 2015, superará los 550.000 millones en 2025. La define como «una oportunidad», reconoce que «la regulación debe equipararse», y avisa que judicializar «es un error». «Las plataformas muchas veces van por encima de las exigencias que marca la ley porque hay cuestiones que no aparecen en las normas», afirma.

Para Jaime Rodríguez, la economía colaborativa aporta «beneficios claros para la sociedad, es un complemento, amplía la oferta que reciben los ciudadanos», aunque rechaza una «visión idealizada» de ésta. También critica que bajo ese «paraguas se han metido demasiadas cosas muy diferentes». Cree que los usuarios necesitan «seguridad jurídica», y que «la nueva figura del usuario productor requiere un tratamiento fiscal adecuado». «Lo peor que se puede hacer es negar la realidad», concluye.

Rafael Barbadillo resume su postura en que «entidades similares deben tener la misma regulación, y eso no significa fomentar el intervencionismo» y en que «no se puede tercermundializar la economía con empresas que no cotizan a la Seguridad Social no pagan impuestos». Defiende «modificar el marco regulatorio para dar entradas a las nuevas formas de hacer negocios, porque se trata de un negocio puro y duro, una actividad que tiene ánimo de lucro, y no pasa nada por reconocerlo». «Cuanta más transparencia, mejo», remarca.

Gabriel Llobera critica que la economía colaborativa parece «el modelo del todo vale» y cree que «si queremos romper con la economía sumergida, ése no es el camino». Denuncia que en Baleares hay un problema de vivienda porque «se reserva para el turismo», con 200.000 camas que no están reguladas en Mallorca, y 2,7 millones de alojamientos turísticos extrahoteleros. «La convivencia entre las dos economías pasa necesariamente por la equiparación de normas», razona.