El Gobierno estudia introducir cambios en el sistema de protección por desempleo. Además, aprovechando el fin del programa de activación para el empleo (PAE), reformará las bases de este programa que afecta a parados de larga duración con cargas familiares, en un plan de choque de empleo que podría introducir además cambios en el Sistema de Garantía Juvenil, el plan de fomento del empleo joven.

El plan de choque por el empleo y la reforma de las prestaciones por desempleo figuran en la agenda del Gobierno. El ‘número dos’ del ministerio de Empleo, Juan Pablo Riesgo, se ha reunido con una delegación de los empresarios y de los sindicatos, a fin de constituir la Mesa de Empleo que impulsará estos cambios, dentro del modelo de diálogo social.

El Ejecutivo parece dispuesto a lanzar este plan de choque y reformular algunos términos del sistema de protección por desempleo, según afirmaron los responsables de políticas de protección de los sindicatos CCOO y UGT, Carlos Bravo y Carmen Barrera, al término de una reunión con el responsable de Empleo, Juan Pablo Riesgo, este martes por la mañana en el ministerio de Empleo.

“El Gobierno comparte la necesidad de este plan de choque y de reconsiderar el conjunto del sistema de protección por desempleo, que es claramente insuficiente”, afirmó Bravo al término de la reunión.

Cambios urgentes

Los cambios se estructurarán en dos fases. En un primer momento, se estudiará la introducción de medidas urgentes que faciliten el empleo de los parados de larga duración, en especial aquellos que están peor cualificados y de los mayores de 50 años.

Además, también el corto plazo, se abordarán cambios en el sistema de Garantía Juvenil, el plan financiado por la Unión Europea (UE) que facilita empleo, prácticas o formación a los jóvenes desempleados, añadieron desde los sindicatos.

Gobierno: Primero, el mapa de prestaciones

Para más adelante queda la reforma del sistema de protección por desempleo, si bien el Gobierno condiciona esta reforma a la elaboración previa de un mapa de prestaciones que proporcione una radiografía de cuáles son los perceptores de estas ayudas en el territorio nacional. Con esta foto se definirían posibles cambios en las políticas de prestaciones y subsidios que configuran las políticas pasivas del Ejecutivo.

Los sindicatos resaltan que la mitad de los parados españoles no reciben ninguna ayuda. Y, de quienes la reciben, buena parte de ellos perciben ayudas asistenciales; es decir, perciben el subsisidio y otras rentas, normalmente menos cuantiosas que las contributivas, y a las cuales accedn por agotamiento de las ayudas contributivas.

Este el caso del Plan de Activación para el Empleo. De hecho el Gobierno actúa presionado por el final de este programa – destinado a los parados de larga duración con cargas familiares –, que prevé una ayuda a partir de 420 euros, en función del número de dependientes, y que el Ejecutivo deberá prorrogar antes del próximo 17 de abril.

Los sindicatos abogan por revertir la reforma laboral

Sin embargo, los sindicatos van más allá en sus peticiones al Ejecutivo. Las centrales demandan al Ejecutivo complementar estas medidas con una modificación de la regulación laboral, según advirtió Carmen Barreras, de UGT, al término de la reunión en Empleo.

“Es imposible mejorar si no hay un cambio en la regulación que nos permita crear empleo de más calidad, acabar con la altísima rotación y la precariedad”, afirmó.

Dentro del plan de choque, los sindicatos esperan que el Ejecutivo introduzca nuevos cambios en el sistema de acceso al Plan de Garantía Juvenil. El plan europeo preveía la participación de 400.000 jóvenes en el momento de su lanzamiento pero hasta la fecha solo ha llegado a un 17% de sus potenciales beneficiarios, según las cifras que maneja UGT. “Es un completo fracaso”, ilustra Barrera.