Los notarios proponen extender su función al periodo precontractual de la hipoteca

13/03/2017

Miguel Ángel Valero. José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la patronal bancaria AEB, reclama que "no haya una mirada hacia atrás cuando se trata de un cambio de legislación a futuro".

La tercera sesión, «El nuevo papel de los consumidores bancarios. La polémica de las cláusulas y los gastos hipotecarios», del XXX Curso de Economía para Periodistas de Información Económica, organizado por la Apie, evidencia las diferentes posturas de las partes implicadas: banca, organizaciones de consumidores, registradores de la Propiedad, y notarios.

José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), subraya que el Real Decreto Ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo es «muy exigente» con los bancos, «pide en tiempo récord establecer un mecanismo de cálculo, de evolución, que es bastante complejo».

Defiende que «en la mayoría de los casos el cliente no solo estaba informado, sino que tomaba la decisión», y el problema se limita a «algunas cláusulas de algunas hipotecas». Recuerda que los bancos llevan en contacto con los clientes varios meses con el objetivo de «negociar para buscar la mejor solución a cada caso» y que  «el Real Decreto no limita las posibilidades de actuación de los usuarios».

Martínez Campuzano precisa que se está creando «jurisprudencia en ambos lados», en referencia a la sentencia del Supremo en la que daba la razón a Caja Rural de Teruel al considerar que las cláusulas suelo negociadas individualmente por los clientes con el banco son transparentes.

El portavoz de la AEB subraya que la banca quiere «mirar al futuro, al medio y largo plazo». «Lo que necesitamos es que no haya una mirada hacia atrás cuando se trata de un cambio de legislación a futuro», concluye, mientras pide que en la reforma del mercado hipotecario haya «un equilibrio entre protección del consumidor y seguridad jurídica». «Ir más allá de la Directiva Hipotecaria afecta a la competitividad de la banca española», advierte.

Manuel Pardos, presidente de Adicae, destaca que «la banca ha perdido la confianza de la mayoría de la población, debe recapacitar sobre lo que ha pasado y demostrar una nueva actitud ante el cliente, por ejemplo en la aplicación del Real Decreto Ley sobre cláusulas suelo». Replica al portavoz de la AEB que más del 90% de las sentencias son favorables al cliente, «la jurisprudencia a favor del banco será pequeña y siempre individual», le recuerda que hay muchas cuestiones pendientes, como los gastos de la hipoteca, y defiende que se solucionen mediante «procedimientos extrajudiciales colectivos».

Pardos ha indicado que las cláusulas suelo eran un modo de financiación de la banca «fácil» y «abusivo» y ha señalado que a la asociación le gustaría que estos casos se resolvieran mediante «procedimientos extrajudiciales colectivos». También considera que la transposición de la Directiva Hipotecaria no va a solucionar problemas como «el sobreendeudamiento o los desahucios».

Sin suficiente transparencia

Fernando P. Méndez, director de Relaciones Internacionales del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, recuerda que las cláusulas suelo «son nulas porque no son suficientemente transparentes. Cree que no se debería abordar la reforma hipotecaria hasta que no se pronuncie definitivamente el Tribunal Europeo de Justicia Europeo sobre las cuestiones pendientes. También avisa que todo esto encarecerá las hipotecas, por lo que existe el riesgo de que ciudadanos se vean excluidos del mercado de la vivienda en España.

José Corral, decano de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado, propone que los notarios extiendan su función de información al periodo precontractual de la hipoteca, al momento anterior a la firma de la escritura, con el fin de mejorar la transparencia en este tipo de contratos.

«Existe una necesidad de mejorar la protección del consumidor sin deterioro de la seguridad jurídica», argumenta. Para ello, medidas como la que propone permiten establecer un diálogo «cara a cara» entre el notario y el cliente, que estaría documentado mediante un acta notarial. Mediante esta extensión del papel del notario al periodo precontractual, éste puede garantizar que se cumplen los deberes de información requeridos para que el consumidor decida si quiere seguir adelante con el contrato o no.

También señala que transparencia no consiste en «sepultar» con información al cliente, sino en que éste la entienda. «Si se le ofrece demasiada información, puefr no tener capacidad para procesarla», avisa.

Propone que la nueva ley regule el concepto de «incumplimiento grave» en los casos de vencimiento anticipado, y que incluya un listado de cláusulas prohibidas en este tipo de contratos.

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