Una carta más. El líder de CEOE, Juan Rosell, ha ironizado esta mañana sobre la nueva misiva dirigida por los sindicatos. En ella, Toxo y Álvarez, líderes de CCOO y UGT, reclaman a los empresarios que vuelvan a la mesa de negociación. En juego, además de una extensa lista de tareas pendientes – donde no faltan una reformulación del despido, la ordenación del contrato a tiempo parcial, o un salario mínimo de 1.000 euros en tres años – el dígito más deseado en el marco laboral, aquel que sirva de guía en centenares de mesas de negociación, y que trace el rumbo de los salarios para este 2017.

Rosell se refería así – en los tiempos del Whatsapp – a la nueva carta remitida esta mañana a su nombre y el de su homólogo en Cepyme, Antonio Garamendi, por parte de los líderes de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio F. Toxo, y UGT, Pepe Álvarez, y en la cual los sindicatos instan a los patronos a retomar la negociación, convocar la mesa de seguimiento del acuerdo salarial, moribundo por falta de acuerdo, y donde – después de años de entendimiento – falta ahora cerrar el incremento salarial para este 2017, con posturas enfrentadas entre el 1,5% que ofrece CEOE y la horquilla – del 1,8% al 3% – que reclaman los sindicatos.

En materia de salarios, la misiva de UGT y CCOO insiste en pedir subidas en 2017 comprendidas entre el 1,8% y el 3%. Argumentan las centrales que, para ganar poder de compra, las rentas salariales deben ganar participación sobre el reparto de la renta.

“Ello supone trasladar a salarios todos los aumentos de productividad laboral que para 2017 se estiman en un 1,6% en términos nominales”, lo cual incluye la productividad real más la inflación. “Solo aumentos salariales a nivel agregado superiores a este dígito permitirán que la participación de las rentas salariales en el PIB aumente”, concluyen.

Negociación para echar abajo las reformas

Además, los sindicatos mayoritarios desean echar abajo el límite puesto a los convenios una vez caducan. Por ello, y en contra de la última reforma laboral, piden a los empresarios garantizar que el convenio permanece vigente en tanto se pacta un texto que lo sustituya, es decir, eliminar los límites a la ultraactividad fijados por la nueva normativa.

Además, Toxo y Álvarez quieren reducir el número de contratos temporales; modificar el régimen del contrato a tiempo parcial – convertido en un contrato “a demanda”, involuntario casi siempre, y que sufren sobre todo las mujeres –; garantizar a los becarios un contrato laboral; volver a subir, en caso de despido ilegal, la indemnización a 45 días por año de servicio, con un tope de 42 meses; y ampliar, en caso de externalización, la responsabilidad del empresario principal, y frenar así la proliferación de las empresas multiservicios.

Reclaman además obligar a los empresarios a negociar con los trabajadores medidas como la modificación sustancial de condiciones de trabajo, y reforzar las garantías de que las empresas no se saltan los convenios sin una razón de peso.

Salario mínimo de 1.000 euros

También piden a los empresarios un compromiso de que el salario mínimo (SMI) alcanzará los 1.000 euros al finalizar 2020, y su implicación en la puesta en marcha de planes de igualdad para la mujer, de prevención de riesgos laborales, y un plan de choque por el empleo que dé ayudas a las empresas que contraten a personas de difícil empleabilidad, y elimine las ayudas a la contratación temporal.

Finalmente los sindicatos piden ayuda a CEOE y Cepyme para lograr que el Estado financie la labor negociadora de sindicatos y patronal, de la que se benefician el conjunto de trabajadores – aun los no afiliados – mediante la aprobación de una Ley de participación institucional.