Los tribunales han emitido la primera sentencia por la convocatoria de la consulta independentista. Han inhabilitado al ex presidente de la Generalitat Artur Mas y dos de sus consejeras. La sentencia ha sido benévola, parece más un “aviso a navegantes” ante las diferentes causas que se están tramitando y las que previsiblemente se abrirán en un futuro próximo.

El juicio en sí ya fue un sucedáneo. Evidentemente fue un proceso político pero se enmascaró en un debate jurídico sobre las formas. Se juzgaba el apoyo que desde la Generalitat se dio a la consulta independentista y formalmente se debatía si las comunicaciones del Tribunal Constitucional a la Generalitat para detener el proceso fueron lo suficientemente claras, o sea si hubo o no desobediencia de los dirigentes catalanes a la resolución del alto tribunal.

Los tribunales les toca la papeleta de juzgar un problema político ante la inhibición de los responsables de afrontar la situación y este parche sólo contribuye a deteriorar aún más la situación.

La Generalitat y el Parlament, en boca de su presidente Carles Puigdemont lo definía gráficamente el futuro con la frase “referéndum o referéndum”. Tanto el Govern como el Parlament están trabajando intensamente con las leyes de una desconexión que sentimentalmente muchos catalanes ya han realizado. Contraponen la legitimidad de la Cámara catalana con la legitimidad de las instituciones españolas. Si los catalanes independentistas cuentan con el Govern y una mayoría parlamentaria, la otra parte no sólo tiene la decidida oposición del proceso secesionista del Gobierno si no además del PP, PSOE y Ciudadanos y una Constitución que no facilita salidas..

El choque de trenes, si nadie se apea de sus planteamientos, está cantado. Los tribunales seguirán actuando. Ahora está pendiente la sentencia contra Francesc Homs, después el proceso a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y de algunos miembros de la mesa de la Cámara, le pueden seguir miembros del Govern, alcaldes… Previsiblemente llegue un momento que las autoridades catalanas dejarán de acatar sus decisiones.

No serán los tribunales quienes resuelvan el actual enfrentamiento. En democracia las batallas políticas se resuelven negociando y como dice el refrán, a grandes problemas, grandes soluciones.