Así lo aseguró Antolín Goya, el coordinador de Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicato del sector, al término de la reunión ‘a tres bandas’ que mantuvieron este martes los sindicatos del gremio, la patronal Anesco y el Gobierno.

La reunión, la primera que se celebró tras el histórico rechazo que del Congreso al Decreto Ley con el que el Gobierno pretendía modificar el régimen legal del sector, concluyó tras más de cinco horas de negociación sin acuerdo y con posturas enfrentadas.

El principal escollo lo constituye la fórmula para garantizar que las empresas de estiba subrogarán tras la reforma al colectivo de estibadores, cumpliendo así el compromiso que al respecto han adquirido la patronal del sector y el Gobierno.

Principal escollo: la garantía a la subrogación

Para los sindicatos (Coordinadora, CC.OO. UGT, CIG y USO), «la única forma de garantizar» el mantenimiento del empleo mediante la subrogación es hacerlo por ley, «bien a través del Decreto Ley de reforma del sector o en otra norma legal», explicó Goya.

«Cualquier otra forma de garantía legal, aunque no sea el Decreto Ley, la podemos ver y estudiar», concedió. «Pero es necesario que haya una norma que regule la garantía del empleo», insistió. «Es el asunto central», aseguró el dirigente de Coordinadora.

De su lado, el Gobierno mantiene que no se puede «imponer una subrogación por ley a las empresas porque es contrario a la legislación y a la normativa europea», según aseguró el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, a la conclusión de la reunión. «La reivindicación de la subrogación por ley constituye una dificultad insalvable», remarcó.

No obstante, el ‘número dos’ de Fomento reiteró la disposición de su Departamento a trasladar el eventual acuerdo laboral que lograran patronal y sindicatos a una «norma o disposición» que especificara los supuestos de subrogación y recogiera las ayudas a la prejubilación.

Los estibadores incluyeron de nuevo la necesidad de garantizar por ley la subrogación en la contrapropuesta de acuerdo que plantearon en la reunión de este martes a partir de la previamente planteada por el Gobierno la pasada semana.

A pesar de ello, al término de las cinco horas de negociación, los estibadores lamentaron la «posición inmovilista del Gobierno», y el representante del Ejecutivo que los sindicatos «hayan vuelto a plantear antiguas propuestas que tienen difícil encaje». Entre ellas citó la de contar con un régimen laboral específico.

Menos sueldos para lograr el acuerdo

No obstante, los sindicatos detallaron que en su contrapropuesta incluyen su disposición a bajar una media del 6% sus salarios para contribuir a pactar sobre dos de los cuatro puntos de la propuesta de acuerdo planteada por el Gobierno, el de las ayudas a la prejubilación y el de la mejora de la productividad de los puertos.

Así, en su contrapropuesta, los estibadores piden modificar los términos de las ayudas a la prejubilación que ofrece el Gobierno, para que encaje con las características del colectivo. Además, proponen que trabajadores y empresas también contribuyan a esas ayudas, en su caso con una bajada de sueldo del 1%.

De igual forma, el colectivo está dispuestos a reducir un 5% adicional sus salarios para contribuir a mejorar la productividad en los puertos, tal como piden la patronal y el Gobierno.

No obstante, vinculan todo ello a que se alcance un acuerdo sobre el mantenimiento del empleo y su garantía por ley, principal reivindicación de los sindicatos, según subrayó Antolín Goya.

De su lado, el secretario de Estado de Infraestructuras volvió a defender la propuesta de acuerdo original del Gobierno, en la que se hace un «gran esfuerzo» en ayudar al mantenimiento del empleo. «Pero si las otras dos partes no colaboran, es difícil el acuerdo», lamentó. «Y sobre el Reino de España sigue pendiendo un riesgo de multa de la UE», recordó.

La patronal y los sindicatos volverán a sentarse a la mesa de negociación este jueves, para avanzar en los temas laborales y de productividad. El nuevo encuentro a tres bandas con el Gobierno queda pendiente de que el Ejecutivo analice la contrapropuesta de los sindicatos.