La derecha política vuelve a sacar la pancarta de “menos Estado y más mercado”. Hace una semana, el presidente del PP, Mariano Rajoy, abogó en Santander ante el Congreso de la Economía Familiar y en presencia del banquero Emilio Botín por someter a una dieta de caballo al Estado de las Autonomías, que se ha entelado con alfalfa del común. Y sugirió privatizar los trenes, los puertos y los aeropuertos. El jueves próximo presentará el libro de su asesor y diputado por Cantabria José María Lassalle, “Liberales, compromiso cívico con la virtud”, que viene a ser un canto a los principios de Lock, Smith y Burke, los padres fundadores de lo que Lassalle llama “la virtud individual” frente a cualquier arrogancia despótica.

El “liberalismo”, palabra española acuñada en Cádiz hace doscientos años, no sólo tenía como adversario al absolutismo despótico, sino que, con el paso del tiempo, consideró enemigo principal al Estado protector de los más débiles y a la unión de los trabajadores en sindicatos para hacer avanzar las leyes laborales y sociales de tal forma que pudiesen atemperar los abusos del capital sobre lo que, según Adam Smith constituía la base de la riqueza de las naciones: el trabajo. La oposición de un Estado mínimo al Estado del bienestar ha sido la constante liberal desde el siglo XVIII hasta nuestros días.

Las leyes del mercado, la oferta y la demanda, la explotación de los trabajadores en aras del máximo beneficio, la apropiación de la renta de la tierra (y del mar), la desregulación de los sectores productivos y comerciales… son el tuétano liberal. La “virtud cívica” viene después y se llama “beneficencia” o “caridad”. En España, donde tradicionalmente se han socializado las pérdidas y privatizado los beneficios, no podemos decir que haya muchos liberales aunque no hayan faltado privatizadores de las empresas y los servicios públicos rentables. José María Aznar fue el último gran privatizador y ahora Rajoy pretende proseguir su obra con las vías del tren, los puertos y los aeropuertos rentables.

Con independencia de que sea acertada su propuesta de reducir burocracia, despedir empleados públicos, eliminar hojarasca legal y someter a las autonomías a un techo de gasto que no puedan rebasar, su alusión al copago sanitario, a la gestión privada de servicios públicos esenciales y a la revisión del sistema de dependencia de los mayores ha hecho saltar como un resorte a los socialistas. “El programa oculto de Rajoy constituye un bofetón al Estado del bienestar”, ha dicho el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso. Tal vez Alonso, Blanco y los demás tengan razón. Pero deberían darle las gracias por la claridad. Y el aludido añadir cuántos impuestos y cuotas piensa reducir o suprimir con su programa liberal. Puesto que este miércoles comienza el debate presupuestario en comisión, he ahí la oportunidad para enmendar las cargas a la baja.