La tasa de desempleo en España creció casi 20 puntos entre 2007 y 2013, cuando superó el 26% de la población activa. En el conjunto de la zona euro, el mismo indicador aumentó menos de un 5% en esos mismos años. La volatilidad de la tasa de paro en España contrasta con la relativa estabilidad de sus salarios. Mientras que países como Alemania u Holanda se adaptaron a la menor demanda reduciendo jornadas y sueldos, en España las empresas redujeron sus plantillas de manera permanente; hasta 2014 no se comenzaron a registrar moderaciones salariales significativas en la economía española. La OCDE alertó hace escasos días del coste social de este anormal mecanismo de ajuste.

Existen dos grandes causas detrás de la particularidad laboral española. La primera es una legislación anticuada y parcial que ha ignorado el proceso de globalización y digitalización experimentado en los últimos 30 años. La segunda es la desconexión entre las capacidades que las empresas demandan y aquellas que los trabajadores ofrecen al mercado.

Desde el punto de vista legislativo, la economía española ha incentivado tradicionalmente el ajuste a través de puestos de trabajo y no de reducciones salariales. Como consecuencia de ello, las empresas prefieren contratar a trabajadores temporales, con un menor coste de despido, que a indefinidos. Este hecho reduce la calidad del empleo e impulsa un mecanismo LIFO (el último en entrar es el primero en salir, por sus siglas en inglés).

La reforma laboral aprobada en 2012 ha matizado este problema. En primer lugar, ha incrementado la probabilidad de salida del desempleo hacia una contratación indefinida. Pese a ello, la contratación temporal sigue siendo el resultado más probable para aquellos que abandonan el desempleo. En segundo lugar, ha ralentizado la destrucción de empleo temporal en favor de los ajustes salariales.

Fuerza laboral atípica
Desde el punto de vista de las capacidades, la fuerza de trabajo en España muestra una composición atípica. El 35% de los trabajadores tienen formación universitaria, el 23% formación profesional y el 43% la formación mínima obligatoria. La media de la Unión Europea en esas mismas tres categorías es del 27%, del 49% y del 23%. Como consecuencia de ello, la oferta de trabajo no puede satisfacer las necesidades de la demanda en muchos casos. Es urgente adecuar nuestro modelo formativo a una demanda de trabajo altamente especializada, discontinua y en ávida búsqueda de valor añadido.

Frente a este doble problema legislativo y formativo, quienes ven el vaso medio lleno señalan que el 73,5% de los contratos en España son indefinidos y que no cabe hablar de empleo de baja calidad. Los que lo ven medio vacío subrayan que la tasa de temporalidad ha crecido tres puntos desde principios de 2015 y que la creación de puestos de trabajo se está apoyando excesivamente en contratos temporales sin fecha de término.

La creación de empleo de calidad es fundamental para garantizar la estabilidad de las rentas de los hogares. Para ello es necesario impulsar las llamadas “políticas activas”, vincular la recepción de prestaciones a la búsqueda activa de empleo y reducir las diferencias entre contrataciones temporales e indefinidas.

En un entorno de crecimiento débil y de mecanización productiva, el trade-off entre la estabilidad laboral y la creación de empleo se acentuará. O adaptamos nuestro marco legislativo y acercamos las necesidades de la demanda y de la oferta de empleo, o estamos condenados a padecer las consecuencias de un mercado de trabajo ineficiente.

 

Gonzalo Gómez Bengoechea es profesor de Economía de la Universidad Pontificia de Comillas ICADE.

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