Más de 1,23 millones de trabajadores temporales están contratados en España en fraude de ley, según estimaciones de las empresas de trabajo temporal (ETT). Una situación que ha denunciado hoy la patronal de empresas de trabajo temporal Asempleo, que agrupa al 80% del sector, y que pide al Congreso que ponga coto a la actuación de las llamadas empresas multiservicios.

La temporalidad afecta en España a 4,07 millones de personas, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cierre del año pasado. Los temporales representan un 26,47% del total de los ocupados, incluyendo a los trabajadores públicos. De ellos, según los cálculos de Asempleo, entre 7 y 8 puntos representan contratos en fraude de ley; es decir, unos 1,23 millones de trabajadores que deberían ser fijos en realidad.

Con todo, España, por las características especiales de su tejido productivo, presenta una necesidad de trabajadores temporales mayor que los países de su entorno. Aun así, en lugar de ese 26,47%, Asempleo estima en la economía española necesita un porcentaje de trabajadores temporales sobre el total de entre el 16% y el 19%, según apunta un estudio de la patronal de ETT presentado hoy jueves.

“El fraude y la ilegalidad perjudican a la temporalidad justificada”, señala su presidente Andreu Cruañas. “Es la economía la que debe marcar la temporalidad que necesita un país; todo lo demás es fraude”, destaca.

Polémicas ‘multiservicios’

Además, la patronal de las ETT reclaman que se “clarifique” el papel de las llamadas empresas multiservicios. En este sentido, Asempleo confía en que el Congreso dé luz verde a la proposición de ley del Grupo Socialista en relación a estas empresas que se encargan de proporcionar algunos servicios a otras compañías, como la limpieza, y que pagan por ello salarios menores en relación al convenio del sector.

La patronal de ETT pide que exista “un marco claro” que regule el funcionamiento de las empresas multiservicios. Recuerda que las ETT son las únicas que pueden abordar una cesión legal de trabajadores, para lo cual pasan por inspecciones específicas y cumplen con garantías financieras. Y que están obligadas además a pagar el salario marcado por el convenio.

Por ello Cruañas reclama que las multiservicios se sometan el régimen al que están sometidas las ETT.

Observatorio de CEOE

En relación al asunto de la temporalidad, la patronal CEOE ultima la presentación de su nuevo Observatorio contra la economía sumergida y el empleo no declarado. Según Asempleo, la gran empresarial presentará un plan de acción con medidas para favorecer el afloramiento del empleo no declarado.

“Es un fraude múltiple y una bomba de relojería enviada hacia el futuro”, ilustra Cruañas en referencia a la merma de ingresos que la temporalidad en fraude de ley provoca sobre las cuentas públicas y sobre las rentas futuras de los trabajadores, que reducen así sus cotizaciones destinadas a calcular sus futuras pensiones.