– En algunas autonomías como Galicia hasta el Banco de España reside de alquiler

– Fuentes de Hacienda calculan que el coste no baja de 6.000 millones anuales

El Gobierno sabe cuántos edificios, oficinas y locales tiene alquilados en toda España. Conoce incluso los metros cuadrados de cada instalación. Pero desconoce cuanto dinero público paga por esos alquileres. Esto, al menos, es lo que contesta el ministro Cristóbal Montoro a los diputados socialistas que se han interesado por el asunto. Fuentes de su departamento estiman que el coste anual supera los 6.000 millones de euros.

Esta situación insólita, reconocida por el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, en respuesta a las peticiones de datos realizadas por varios diputados, desmiente el rigor y la eficacia de la famosa Comisión de Ordenación y Reforma de la Administración (CORA), creada la legislatura pasada desde la vicepresidencia del Gobierno para ahorrar costes administrativos. La CORA fue presentada por Soraya Sáenz de Satamaría en 2012 como la herramienta de una obra hercúlea, una «reforma estructural» para ahorrar miles de millones de euros a los españoles. Sin embargo, a la hora de lo cierto, las tensiones entre los distintos departamentos aconsejaron la creación de la llamada Autoridad Fiscal Independiente para intentar racionalizar el mastodonte administrativo central, autonómico y local.

En esa autoridad independiente se escudó el ministro Montoro cuando, el pasado 22 de abril, el portavoz de Ciudadanos, José Manuel Girauta, le preguntó sobre el cumplimiento del pacto de investidura en el punto referido al ahorro de 1000 millones de euros anuales en duplicidades y derroches administrativos. Montoro se refirió a los sistemas informáticos duplicados y se comprometió a remitir al Parlamento un plan que todavía no ha enviado.

Sin entrar en las duplicidades burocráticas, el dispendio más evidente y abundante son los alquileres de inmuebles para albergar las distintas dependencias administrativas, incluidas las del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. También, como ocurre en El Ferrol (A Coruña), la vivienda de un capellán. El Inventario General de Bienes y Derechos del Estado, recoge, provincia a provincia, los inmuebles, terrenos y bienes de propiedad estatal, así como los que tiene alquilados. Este inventario depende de  la Dirección General del Patrimonio (Ministerio de Hacienda y Función Pública), pero según el ministro Montoro, «para conocer el importe exacto de los alquileres resultaría necesario consultar a los órganos ocupantes».

Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por este medio cifran en más de 6.000 millones de euros anuales el coste de los alquileres, una cantidad que rebasa en mil millones de euros el presupuesto del Ministerio de Defensa y duplica, por ejemplo, los recursos asignados a la asistencia a las personas dependientes. El coste de los alquileres que el Ejecutivo no ha sabido o querido precisar contrasta además con la amplitud y variedad de inmuebles y terrenos de titularidad pública que están infrautilizados, cuando no cerrados y abandonados.

En este sentido resultan esclarecedores los datos obtenidos por varios diputados socialistas sobre los inmuebles y dependencias alquiladas, en contraste con las propiedades del Estado. En Galicia, por ejemplo, hasta el Banco de España reside en oficinas de alquiler, como si la Administración General del Estado, la autonómica y la local no dispusiesen de inmuebles suficientes para la autoridad monetaria. Situación similar se produce en otros territorios. Basta observar los listados de bienes del Patrimonio (documentos en PDF) en contraste con los alquileres para concluir que una mejor gestión es posible y sería menester.

Bienes inmuebles del Estado y en alquiler en Madrid

Bienes del Estado y en alquiler en Barcelona

Bienes del Estado y en alquiler en A Coruña