El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF han firmado hoy un acuerdo que prevé convertir en fijas hasta 250.000 plazas en la Administración que están ocupadas hoy por trabajadores interinos.

El acuerdo, que supondrá en 2017 la creación de 67.000 plazas, beneficia ese primer año sobre todo a Administración General del Estado (AGE), con 19.000 plazas; comunidades autónomas, con 28.144 plazas; y ayuntamientos, con 20.000 nuevas plazas, teniendo en cuenta la oferta aprobada en 2016.

Tras la firma del acuerdo, Montoro ha destacado que este “primer acuerdo de la Legislatura” sobre función pública persigue reducir la tasa de interinidad hasta 2019 y apuesta por “dignificar la función pública” y contribuir a la recuperación económica del país.

El acuerdo amplía la tasa de reposición de un 100% – es decir, aquellos donde se cubrirán todas las bajas motivadas por jubilaciones – a los siguientes sectores: sanidad, educación, justicia, servicios sociales, lucha contra el fraude fiscal, laboral y de subvenciones públicas, extinción de incendios, políticas activas de empleo, atención directa al ciudadano, transporte, seguridad y emergencias.

También se repondrán todas las bajas en las sociedades mercantiles y empresas públicas que gestiones servicios prioritarios.

El resto de sectores tendrán una tasa de reposición del 50%; es decir, perderán empleo al reponerse solo una plaza de cada dos.

Reducir un 90% la interinidad

El Gobierno pretende reducir hasta un 90% la tasa de interinidad en servicios públicos esenciales como educación, sanidad, justicia, servicios sociales o policía local.

En el conjunto de la Administración, se calcula que hay actualmente trabajando unos 300.000 interinos sobre todo en sectores como enseñanza y justicia. En sanidad la tasa de interinidad es de un 30%, en justicia de un 25% y en enseñanza no universitaria, del 20%.

Tras la firma del acuerdo, el sindicato Comisiones Obreras ha mostrado su satisfacción por la medida si bien ha recordado que la crisis ha supuesto la destrucción de 300.000 empleos públicos, por lo que ha pedido que se suprima la tasa de reposición o en su defecto, que se amplíe en otros sectores afectados por los recortes.

“Todas las plazas estructurales deben estar ocupadas por empleos estables. El objetivo del 8% de temporalidad debe ser para trabajos coyunturales, no estructurales”, ha afirmado un portavoz.

CCOO rechaza el incremento salarial

Asimismo el sindicato ha mostrado su rechazo a la subida salarial del 1% prevista para 2017 prevista por el ministerio que dirige Montoro. CCOO considera que esta subida merma el poder adquisitivo de los empleados públicos, habida cuenta de que los precios terminarán el año con una subida del 2,2%, según prevé el Gobierno. Una pérdida de poder adquisitivo que se suma a la del año pasado, que CCOO cifra en un -0,6%.