El asunto elegido por la nueva portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero Gil, en su estreno en la sesión de control al Gobierno angustia a la mayoría de los españoles, agobia a los desempleados, abruma a los pensionistas y atribula a millones de jóvenes. ¿En qué consiste? En aquellas famosas escuchas de los servicios secretos del Estado (entonces CESID y hoy CNI) al rey jubilado, Juan Carlos I de Borbón, en los años ochenta. Aunque parezca una broma, Montero eligió un tema tan trascendente para la vida de la gente que hasta la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tuvo que calcular si la interpelante estaría en «primero de básica» y «yo en primero de carrera» cuando se conocieron aquellos hechos y recomendarle que no se enrede en la crónica de «una conspiración».

Recogiendo informaciones periodísticas de aquí, allá y acullá, Montero formuló ocho preguntas a Santamaría sobre las filtraciones de aquel material y si está siendo utilizado por unos comisarios de policía (Villarejo y Pino) para chantajear a las instituciones y eludir la acción de la justicia sobre ellos o sobre otros sujetos lamentables, tal el caso del llamado «pequeño Nicolás». Santamaría recordó el calificativo de «seudoperiodismo» que empleó el colega de Montero en el Senado, Ramón Espinar (el que compró y vendió un piso de protección oficial y se embolsó 20.000 euros) para acusarla de hacer «seudoparlamentarismo» y no respondió a ninguna de las ocho cuestiones.

Estas cosas pasan cuando al grito de «nulus die si ne pollum» (ningún día sin pollo), los dirigentes de Podemos insisten en llevar, según ellos, «el lenguaje de la calle al Parlamento». Lo que en realidad trasladan suele ser la voz de algunos parleros de plató, ávidos de notoriedad a cuenta de las intrigas palatinas de la corte de los milagros. El parecido entre las preocupaciones de las que habla la gente en la calle y el rancio asunto de las escuchas al rey emérito es enorme, casi tan grande como el de oso polar y un oso hormiguero. Cierto es que, dado el interés de Pablo Iglesias Turrión por mandar en el CNI y en Interior, su compañera se haya estrenado y estrellado con tan viscosa materia contra Santamaría. Por lo demás, los españoles sabemos desde hace siglos (sin citar al «felón» Fernando VII) de qué pie cojean los Borbones.

Al margen de si Iglesias tildó de «sinverguenza» a Santamaría y de si sus señorías del PP han cogido el gusto de insultar a los de Podemos (que de todo hubo en el último pleno de marzo), la preocupación de la gente sí quedó reflejada en la pregunta de Juan Carlos Girauta, de Ciudadanos, al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, quien se comprometió a estudiar fórmulas para que los subcontratistas de empresas que trabajan para la Administración vean abreviados los plazos de pago. La ley permite demorar el pago en el sector privado hasta 60 días. La media está ahora en 77 días. Sin embargo, las empresas que trabajan para el sector público cobran, según la ley, en 30 días, pero tardan en pagar a los subcontratistas («pequeñas y medianas empresas, que «están vendidas», según Girauta) la friolera de 71 de promedio.

Montoro también respondió a una interpelación del portavoz socialista en materia fiscal, Julian López Milla, sobre la equidad fiscal y la lucha contra el fraude. Este Milla reclamó más medios contra el fraude (nuestra ratio es de un inspector por cada 2.000 sujetos fiscales mientras la media de la UE es de uno por cada mil), calificó de «anecdótico» el impuesto sobre el patrimonio y estimó manifiestamente mejorable la inspección a las grandes empresas. Montoro, que no dio razón del descenso del número de delitos fiscales denunciados en 2016 por la Agencia Tributaria, resaltó que ya estamos en los niveles de recaudación de 2007, antes de la crisis, y aprovechó la ocasión para apelar a la coherencia del PSOE, pues tras haber apoyado en diciembre el límite de gasto público, no parece congruente la enmienda de totalidad al Presupuesto que ya tienen preparada, según dijo.

El presidente Rajoy no asistió al pleno porque viajó a Veleta (Malta) para asistir a la reunión del Partido Popular Europeo el día que la primera ministra británica, Theresa May, remitió al presidente de turno del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, la carta para iniciar el proceso de salida de la UE, o Brexit propiamente dicho. Una curiosa iniciativa de los conservadores europeos, coincidiendo con el 38º aniversario de la liberación de Malta del yugo británico.

Malta, que ingresó en la UE en 2004 fue un bastión contra el imperio otomaño en el Mediterráneo. Perteneció a España hasta 1530 en que fue entregada a los Caballeros Hospitalarios (judíos expulsados de España y después de Rodas) por el emperador Carlos I. En realidad, arrendó las islas (incluida la de Comino) a los caballeros de Malta por un halcón cada año. Luego ya, si la portavoz de Podemos tiene interés en preguntar al Gobierno, le regalo una primicia a ver si nos enteramos de quién dio permiso al rey emérito, Juan Carlos I, para sacar de España el documento histórico original de la entrega de Malta y regalárselo en 2010 a las autoridades del país.