Estos particulares, asesorados por el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, reclaman la resolución de los contratos y la devolución de inversiones que suman entre 10 y 11 millones de euros, según dijo Enrique San Juan, director del departamento mercantil del bufete.

Un centenar de demandas se han presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde están domiciliadas las sociedades Inversiones Ruiz-Mateos y José María Ruiz-Mateos, mientras que otras 50, aproximadamente, se reparten por otros juzgados del país contra otras sociedades como Hotasa o Maspalomas Hoteles.

Estas sociedades, emisoras de pagarés, no están declaradas en concurso de acreedores, por lo que los inversores pueden reclamar la resolución de los contratos por incumplimiento de los pagos trimestrales comprometidos y la recuperación de la totalidad de sus inversiones, incluidos intereses y gastos.

San Juan afirmó que «es evidente» que han incumplido los contratos, por lo que, cuando se produzca una sentencia estimatoria de las demandas, se procederá a la ejecución de los contratos.

En el caso de que en ese momento las sociedades se encuentren en situación concursal, estos importes podrían tener preferencia entre los acreedores y ser considerados créditos contra la masa.

La familia Ruiz-Mateos comenzó a dejar de abonar la rentabilidad prometida bajo contrato a sus inversores particulares a partir de finales del pasado marzo.

Querella en la Audiencia Nacional

Las demandas civiles se suman a la querella presentada por este mismo despacho ante la Audiencia Nacional en representación de unos 60 inversores y dirigida contra el fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, sus seis hijos varones y siete sociedades propiedad de la familia por los presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y delito contra los intereses de los consumidores.

La querella ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de este tribunal, cuyo titular, Pablo Ruz, ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que emita un informe sobre los hechos denunciados por los inversores antes de dictar la apertura del procedimiento penal, informaron fuentes jurídicas.

En la querella se pide la responsabilidad de personas jurídicas (Grupo Dhul, Clesa, Carcesa, Nueva Hotasa, Rumanova, Inversiones Ruiz-Mateos y José María Ruiz-Mateos SA) y de la familia Ruiz-Mateos, pero, en el caso de que no puedan responder, se pide la responsabilidad del Estado por los daños y perjuicios causados.