El futuro de Bantierra queda, oficialmente, garantizado por la operación de rescate diseñada por el Grupo Caja Rural mediante la compra de activos ‘tóxicos’ procedentes del sector inmobiliario por 320 millones de euros, y que permite que la entidad aragonesa cubra íntegramente las necesidades derivadas de la implantación de la nueva normativa sobre provisiones del Banco de España, reducir su exposición al ‘ladrillo’, mejorar su ratio de solvencia hasta el 14% (por encima de la media del sector), y sitúa la morosidad en el 6%, por debajo de la media del sector.

Pero la crisis de la caja rural aragonesa pone de manifiesto debilidades en el modelo de las cajas rurales. Las discrepancias entre las entidades del Grupo Caja Rural manifestadas durante el proceso de negociación del rescate de Bantierra muestran que el sistema ‘chirría’ cuando hay problemas.

En esta situación, cada cual trata de arrimar el ascua a su sardina. El Banco de España, que oficialmente no ha entrado en el procedimiento del rescate de Bantierra, deja muy claro que prefiere la mutualización de beneficios, que es el modelo que existe en los grandes grupos cooperativos de Europa: el holandés Rabobank, los alemanes DZ Bank, o el francés Crédit Agricole, entre otros. Y que la experiencia de las cajas de ahorro ha demostrado la insuficiencia de fórmulas como los Sistemas Institucionales de Protección (SIP), más conocidos como fusiones ‘virtuales’.

El Ministerio de Economía aprovecha para insistir en que hay que reformar la Ley de Cooperativas de Crédito, que se mantiene prácticamente sin cambios desde 1989, pese a que ya en las recomendaciones emitidas por la Comisión Europea para el rescate de las cajas de ahorro en 2013 figuraba la necesidad de una nueva regulación de las cooperativas de crédito. La nueva normativa, en proceso muy inicial de elaboración, busca mejorar la gobernanza de estas entidades, equiparándolas al resto del sector financiero, y la estructura de capital.

Cajamar guarda un elegante silencio sobre la situación de Bantierra y del Grupo Caja Rural, apenas roto por la reiteración en el discurso sobre la necesidad de consolidar la banca cooperativa en España mediante la unión de todas las cajas rurales en un proyecto común, como sucede en Holanda (todas se integraron en Rabobank) o en Alemania (los dos grandes del sector, DZ Bank y WGZ Bank, se unieron). Así, el sector pasaría de una cuota de mercado del 6% al 20% e incluso 30% que existe en otros países.

Cuatro grupos muy diferentes

Mientras el Banco de España y el Ministerio de Economía invitan a la concentración, como ya hacen con otras entidades financieras, el mundo de las cajas rurales (dejando al margen las cooperativas de crédito profesionales o laborales) está dividido en 4 grupos:

1.-Grupo Caja Rural: formado por una treintena de entidades, entre ellas Bantierra. «El sistema de banca del Grupo Caja Rural, en línea con otros modelos de banca cooperativa europea de éxito, se caracteriza por su descentralización operativa y por la aplicación del principio de subsidiariedad, desarrollado sobre la base del criterio de independencia jurídica y de decisión de cada miembro», explican en la Asociación Española de Cajas Rurales.

«Un modelo que al igual que sus semejantes europeos, se basa en el uso de servicios comunes centralizados con los que se consiguen las necesarias economías de escala. Servicios que son prestados por empresas propiedad de las entidades miembros (Banco Cooperativo Español, Seguros RGA y Rural Servicios Informáticos)», añaden.

2.-Grupo Cooperativo Cajamar: constituido por una veintena de entidades. La mayor cooperativa de crédito del país, la almeriense Cajamar, está a la cabeza de este grupo. Cajamar abandonó el Grupo Caja Rural tras tratar de impedírsele la expansión nacional. Mediante absorciones (desde la Caja Rural del Duero hasta la valenciana Ruralcaja) y fusiones, controla el 52% del sector.

A diferencia del Grupo Caja Rural y de otros en el sector, es un SIP con un banco, el Crédito Cooperativo, que actúa como cabecera además de prestar servicios a las entidades, y existe una mutualización de beneficios, consolidando todas las cajas rurales individuales.

3.-Grupo Cooperativo Solventia. Creado el 30 de junio de 2011, está formado por 6 entidades (Adamuz, Baena, Cañete de las Torres, Nueva Carteya, Utrera y Almendralejo), con ésta última como entidad cabecera del grupo. Es un SIP, pero sin mutualización obligatoria de beneficios.

«El Grupo Cooperativo Solventia se creó con el fin de garantizar, aún más, la solvencia y liquidez de las cajas participantes, así como preservar el código genético y las obligaciones en origen de cada entidad con su sociedad cabecera», explican en esta asociación.

y 4.-Grupo Caja Rural de Castilla-La Mancha: la antigua Caja Rural de Toledo ha optado por su propio camino, hasta ahora en solitario, aunque quiere protagonizar más integraciones de entidades (compró sucursales y negocio a Barclays Bank España, entre otras operaciones).

Las entidades del grupo Solventia y Caja Rural Castilla-La Mancha son accionistas del Banco de Crédito Cooperativo, lo mismo que otras entidades que no pertenecen al Grupo Cooperativo Cajamar, como las rurales de La Vall, Benicarló, Guissona, Almassora, Les Coves y Vinarós.

Obligatoriedad, la clave

Expertos del sector constatan que el caso Bantierra pone de manifiesto las carencias de un modelo en el que la subsidiariedad no es obligatoria. «Algunas cajas rurales se opusieron a aportar dinero para el rescate de Bantierra, y todavía no se conoce exactamente quiénes ponen salen los fondos para la operación de compra de activos inmobiliarios, aunque está garantizada por el Grupo Caja Rural si no entran inversores ajenos a ese grupo», señala uno de ellos.

En este sentido, señalan que con un mecanismo automático de subsidiariedad, como el que existe en el Grupo Cooperativo Cajamar y que es el que impera en los grandes grupos de cajas rurales y de cooperativas de crédito en Europa, un problema como el de Bantierra ni siquiera se hubiera planteado. «Primero hay un control exhaustivo sobre los riesgos asumidos por cada una de las entidades integrantes del grupo, que dificulta enormemente que pase aquí lo que en algunas cajas de ahorro, que dieron créditos por motivos políticos o por amiguismo, y que impide una excesiva concentración de las operaciones de financiación», explica uno de estos expertos.

«En caso de que hubiera un problema, entra en acción el fondo al que van a parar los beneficios mutualizados de las entidades del grupo. Así funciona Grupo Cooperativo Cajamar, pero también Rabobank, Credit Agricole y grupos similares en Europa», añade este especialista en cooperativas de crédito.

Estos expertos coinciden en recordar que «Cajamar afrontó el problema de Ruralcaja cuando el Grupo Caja Rural se desentendió de uno de sus miembros, que era además uno de los más grandes dentro de él. Lo absorbió, sin ayudas públicas. Y lo mismo ha hecho con otras entidades que tuvieron problemas». «Por eso en el Grupo Caja Rural buscaron una solución interna para Bantierra. La opción a una intervención del Banco de España, que hubiera sido demoledora para el grupo, era su integración en Cajamar», apuntan.