Hay noticias no por desconocidas menos alarmantes. Muchos ancianos japoneses han comenzado a delinquir con objeto de entrar en la cárcel y ser atendidos por el Estado, o  al menos, poder comer. Su desesperación para hacer pequeños hurtos en los supermercados es proporcional a la pobreza en que se encuentra la población más envejecida del mundo -35 millones mayores de 65 años-,  que a los 70, 80 o 90 no pueden ser atendidos por el gobierno pese a cobrar pensiones que no llegan a 800 euros.

Desde 2013, las cifras de delincuencia senil en algunas ciudades ha superado a las infracciones de los jóvenes que como en otros países occidentales, sigue pasando de toda una generación que ya consume más pañales que la de todos los nuevos bebes. Cada día que pasa, el país más envejecido y longevo del orbe (65.000 centenarios) tiene a su vez el menor índice de natalidad -1,3%- lo que conlleva un aumento del gasto en pensiones y unos costes sanitarios difíciles de asumir por parte de la decreciente clase trabajadora.

Darse prisa en morir

Un panorama tan desgarrador no se soluciona con argumentos tan sórdidos como el del vice-primer ministro de Economía nipón, que ha llegado a asegurar que el problema de los enormes gastos de la tercera edad tan solo se resolverá cuando se incite a los ancianos a “darse prisa en morir”. Tal incapacidad para la gestión pública y falta de humanidad solo es comparable a la de otro antiguo responsable de la sanidad en Alemania que llegó a justificar la escasa calidad de las prótesis quirúrgicas implantadas a los ancianos por la corta vida del paciente.

El pleno siglo XXI, el futuro de las naciones no se mide ya solo en términos de crecimiento o riqueza, sino también por el índice de bienestar de su población según el programa  de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este Índice de desarrollo humano (IDH) incluye logros obtenidos en dimensiones fundamentales como la adquisición de conocimientos, la consecución de una vida larga y saludable y disfrutar al menos de un nivel de vida digno.

La dignidad de la población no solo afecta al  mínimo de bienestar y disfrute de los viejos en  sus últimos años. Atañe también a los niños, a los jóvenes y a otros sectores generacionales que la mayor crisis económica y financiera del último siglo ha truncado en su presente y puesto en claro riesgo su futuro.

España: Aviso a navegantes (o las barbas a remojar) 

En apenas 30 años, España tendrá más jubilados que trabajadores, según la última proyección de pirámide poblacional actualizada por el INE. Nuestro país tiene hoy casi 2,5 empleados por persona mayor de 67 años, a partir de 2046 habrá menos de uno. El número de jubilados se multiplicará por dos en este periodo.

Los datos reflejan a la perfección el tamaño del problema. Cada trabajador tendrá que sostener no solo a su familia sino también a un jubilado, lo que significa que la carga en términos de pensiones se multiplicará por dos en menos de 30 años. En concreto, las personas en edad de trabajar superan los 31,5 millones, mientras que los mayores con 68 años o más son casi 8 millones.

La Seguridad Social entre tanto sufre el mayor déficit de su historia, en 2016 registró una desviación de más de un punto y medio porcentual (1,62%), lo que supone un quebranto de más de 18.000 millones. No hace falta ser un genio para constatar que desde hace nueve años la enorme precariedad, junto a los empleos creados, no aporta lo suficiente en forma de cotizaciones sociales para mantener un sistema en el que los nuevos pensionistas tienen derecho a mayores retribuciones.

En consecuencia, el Fondo de Reserva está ya cerca de agotarse de manera total y los poco más de 15.000 millones con los que cuenta apenas tiene capacidad para hacer frente a la paga extra del próximo verano.

Parlamento y Gobierno, al quite

En la búsqueda de soluciones se afana desde hace meses el Congreso de los Diputados a través de su Comisión del Pacto de Toledo, el único órgano donde la unanimidad de los partidos está de acuerdo en buscar fuentes de financiación o qué pensiones deben pagarse con impuestos y qué cotizaciones dedicarse a políticas de empleo. Todo, para evitar el saqueo de la famosa hucha en tiempos de turbulencia.

Uno de los mayores expertos, Octavio Granado,  lo decía bien claro hace poco: Sólo cuando garanticemos mayores ingresos, podremos asumir mantener el poder adquisitivo de los pensionistas Naturalmente es necesario más empleo, pero “con salarios de 500 € no vamos a pagar pensiones de 1.400, a no ser que creemos un millón de empleos todos los años”.

El ministro de Hacienda, entre tanto, trata de calmar los ánimos al asegurar  que el déficit es «asumible» por el conjunto de la Administración y en su caso por la recaudación récord del Estado prevista para este año. Palabra de Montoro, aunque la solución sea coyuntural mientras se despeja de una vez el peligro de las pensiones.