Sostiene Cristobal Montoro que alcanzaremos este año los niveles económicos que teníamos en 2007, lo que significa que hemos salido de una crisis que se ha llevado por delante diez años de nuestro esfuerzo. Este fue su primer mensaje en la tradicional rueda de prensa de presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 en el Congreso de los Diputados. Dirigió su segundo mensaje a la oposición socialista para que apoye las cuentas del reino, en coherencia con el voto favorable que emitió en diciembre para limitar el gasto público de modo que el déficit se ajuste al 3,1% del PIB comprometido con las instituciones y los demás países de la Unión Europea. Ya es sabido que el PSOE y también Podemos presentarán enmienda de totalidad (devolución), aunque no conseguirán los 176 votos necesarios para rechazarlo.

Lo más interesante del Presupuesto que desgranaron el titular de Hacienda y los miembros de su equipo (estuvo flanqueado por los secretarios de Estado José Enrique Fernández Moya en el área fiscal o de ingresos y Alberto Nadal en la de gastos) es que con un crecimiento de la economía del 2,5% en términos nominales («Esperamos que sea superior», confesó Montoro, de acuerdo con las previsiones del Banco de España), los salarios no deben crecer más del un punto o punto y medio como mucho si queremos seguir empujando la creación de empleo y reducir la tasa de paro al 17,5% de la población activa, estimado este año.

En este sentido invocó Montoro el «lessez fair, lessez passer» del liberal francés Vincet de Gournay para pedir a los oponentes que no metan palos en las ruedas ni «obstaculicen la creación de empleo».  Estima el ministro que con un crecimiento de la demanda interna del 2%, la demanda de trabajadores aumentará como el año pasado, en unos 500.000, siempre y cuando no se disparen los salarios. Y puesto que las previsiones de inflación o aumento del precio de los bienes y servicios es del 1%, de antemano podemos decir que los trabajadores no ganarán poder adquisitivo, de modo que el crecimiento de la riqueza será global, más inclusivo, afectará a más personas, pero no supondrá mejora individual de los trabajadores con empleo.

No hace falta decir que este fenómeno es positivo; ya lo dijo el escocés Adam Smith hace dos siglos y medio: «Lo que mejore la condición de la mayor parte de la sociedad nunca puede ser considerado un inconveniente para el conjunto». De ese mayor número de personas trabajando, consumiendo, pagando impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social procede la mejoría general, con esos indicadores positivos a los que apeló Montoro, incluida la reducción de la deuda privada en 441.000 millones de euros y la global al 98,8% del PIB.

Si la cruz de los Presupuestos del Estado de este año (a trimestre vencido) es que los trabajadores no vamos a vivir mejor, sino igual, la cara se refleja ya en esos «acuerdos históricos» entre los Sindicatos y el Gobierno por los que la oferta de empleo público alcanzará 67.000 puestos de trabajo y la estabilidad en el empleo (interinos que pasarán a ser fijos) afectará al 90% de las plantillas del sector público, de modo que en el año 2020 los empleados eventuales no superen el 8% del conjunto.

Enfatizaron Montoro y sus colaboradores la «dimensión social» del gasto, de modo que 191.000 millones de euros se destinarán a pensiones, desempleo y discapacidad; 42.300 millones a a Educación y 68.840 a Sanidad, que recupera los 7.600 millones perdidos por los recortes de la crisis financiera y económica. A ese gasto social añadió el ministro los 12.300 millones de euros de la reducción en los impuestos de la renta y de sociedades arbitrados antes de las elecciones generales de diciembre de 2016.

Pese a la reducción del IVA para los espectáculos en directo (teatro, ópera, zarzuela, fútbol, toros, conciertos, discotecas) y las gafas del 21 al 10%, el Gobierno consigna un incremento de la recaudación fiscal del 7,9% (14.715 millones sobre el ejercicio anterior), de modo que alcanzará 200.963 millones de euros, de los que 70.000 serán administrados por las autonomías y los ayuntamientos y el resto por la administración central. A ellos se sumarán los 3,1 puntos de endeudamiento (35.000 millones) y los 148.000 millones de ingresos de la Seguridad Social.

El sistema de pensiones aparece ya como el principal problema al que las autoridades deberán poner remedio. El déficit se estima este año en 1,4% del PIB, es decir, algo más de 16.000 millones de euros. Para paliar el desfase, el Ejecutivo anuncia un crédito con un límite máximo de 10.000 millones y asegura que mantendrá parte del fondo de reserva, ahora cifrado en 15.000 millones. A partir de ahí será la comisión del Pacto de Toledo la que decida sobre las medidas estructurales para mantener el sistema público con nuevas fuentes de ingresos.