El Gobierno de Colombia da nuevos pasos para definir el futuro de Electricaribe, después de la intervención y liquidación de la filial de Gas Natural, y con este objetivo ha lanzado un mensaje que intenta dar solvencia al proceso. Así, desde la superintendencia de Servicios Públicos se ha informado que contratará un banco de inversiones que valore los activos y la compañía, para abrir a continuación un concurso internacional que conduzca a la adjudicación de la distribuidora eléctrica.

Hasta ahí todo parece un plan usual, si no se tiene en cuenta, por un lado, que el enfrentamiento legal con Gas Natural sigue su curso, y que además existen aún contactos más o menos oficiales para reconducir la crisis abierta. Si bien esas cuestiones no son los únicos problemas importantes para el  traspaso de la compañía. El otro lado del conflicto reside en la propia situación de la distribuidora de la zona norte de Colombia.

Los argumentos y cifras dadas por la empresa que dirige Rafael Villaseca respecto a los problemas para resolver impagos y fraude, que han supuesto pérdidas por 1.300 euros, siguen sobre la mesa. Estas circunstancias, que se reflejarán en los documentos que tendrán que realizar las firmas que se contraten, pueden dificultar el proceso. Y porque además la superintendencia señala que reclamará al eventual comprador que realice inversiones para mejorar el suministro. Mientras, la realidad actual, que refleja parte de la prensa colombiana, apunta a que el suministro no ha mejorado desde la intervención, al tiempo que se resiente el pago a los proveedores.

En paralelo, según medios consultados, el Gobierno mantiene una baza que está más en sus manos: la inclusión de la distribuidora eléctrica en Promigás que forma parte de un complejo holding de control público y que tiene como cabecera Energía de Bogotá. Una cuestión que algún experto ha considerado que supondría meter Electricaribe a un grupo que en parte está dirigido por políticos.

Precisamente la intervención y las medidas posteriores aprobadas por el Gobierno de Josá Manuel Santos tienen fuertes vertientes políticas. Santos ha necesitado del apoyo de los representantes de los departamentos del área del Caribe para temas tan trascendentales en su legislatura como es el apoyo al proceso de paz que no logró en el referéndum. Y la distribuidora ha sido una moneda de cambio.

No obstante, Santos, además de querer preservar las buenas relaciones que tiene con España, quiere evitar que la intervención de la distribuidora interfiera en la etapa final de la incorporación del país a la OCDE. En este contexto, el despacho de abogados  Cremades&Calvo Sotelo, presentaron el pasado marzo un análisis de las decisiones tomadas por el Ejecutivo de Bogotá a la directora del departamento de Inversiones de la OCDE, Ana Novik, en el que se considera que las medidas suponen un retroceso para el clima de la inversión extranjera en el país.