» Merece la pena luchar por el Banco Popular». Sin haberlo pensado, a Emilio Saracho, presidente de la entidad, le salió en la junta general de accionistas un pareado. El mensaje lo repitió varias veces: «en ningún caso me imagino la desaparición del Popular», «este banco merece un esfuerzo». Y avisa a los accionistas: «una reestructuración es una medicina que tiene efectos secundarios«.

Culpa de que el Popular sea un «valor bajo presión» a las posiciones cortas, a las opiniones de los analistas y de las agencias de calificación, y a la «atención inusitada, y no siempre equilibrada, de los medios de comunicación«. «Yo no me creo todo lo que leo«, advierte a los accionistas del banco.

Al mismo tiermpo, el nuevo presidente del Popular habla con meridiana claridad a sus accionistas. Por un lado, «tenemos que hacer los deberes», continuar vendiendo activos inmobiliarios y préstamos dudosos «aprovechando la mejora del mercado inmobiliario y el entorno favorable de los tipos» pero sin apelar a «estructuras complicadas», en alusión al proyecto Sunrise, diseñado por su antecesor, Ángel Ron, y el todavía consejero delegado, Pedro Larena».

También desinvertir en activos no estratégicos «primando la simplificación pero siendo conscientes de que cada división de la que nos desprendemos supone un recorte de los ingresos anuales«, de forma que «nuestro plan debe estar en nuestras manos y no depender de terceros», y que el Popular pueda  «centrarse en el negocio bancario, que es rentable«.

Por otro lado, el Popular está «abocado» a realizar una ampliación de capital para «seguir adelante», poder cumplir con los niveles de capital y tener los fondos propios suficientes para poder ejecutar su estrategia. «Sé que vamos a necesitar capital, pero la cantidad depende de cómo vendamos los activos y de cómo evolucione el negocio del banco», señala el presidente del banco. «Si acudimos al mercado, que no solo sea para cumplir con los niveles de capital, sino para alcanzar un volumen de fondos propios que permita al banco la ejecución de su estrategia y competir en el mercado en igualdad de condiciones», argumenta Saracho.

Antes de recurrir al mercado, es «ineludible» que el banco tenga muy claras las necesidades que pretende cubrir, así como las perspectivas de negocio. «Ambas cuestiones deberán ser explicadas en profundidad y deberán resistir la prueba del paso del tiempo», precisa. La ampliación de capital solo puede realizarse «sobre un sustrato de la máxima confianza, que debemos construir desde la transparencia y desde la consistencia en la gestión».

El final no es una fusión, aunque no cierra la puerta a esa operación. «Valoraremos en su momento todas las alternativas y tomaremos la decisión que más valor genere para el banco, para sus clientes, sus accionistas y sus empleados. Pero les puedo asegurar que no gestionaremos con el fin exclusivo de materializar una operación corporativa. Ésa es solamente una posibilidad mas entre otras», precisa el presidente del Popular.

Al tiempo que asegura «sentirse orgulloso» de la herencia recibida en el Popular, «un banco que sobrevivió a la mayor crisis desde la 2ª Guerra Mundial sin ayudas de ningún tipo», deja muy claro que «la independencia es un valor hasta que se convierte en una carga», y que hay que estudiar una fusión en la que «se reconozca el valor intrínseco de la franquicia de Popular».

«Lo más honesto, irse»

Larena explica a los accionistas que su renuncia a seguir como consejero delegado se debe a «motivos estrictamente personales». «Comienza una nueva etapa y me parece que lo más honesto es poner mi cargo a disposición del consejo de administración», señala, mientras reconoce que era una decisión «muy difícil».

Saracho responde que la entidad no tiene «constancia» de esos hechos, y el secretario del consejo, Francisco Aparicio, pide a los accionistas que, si alguno tiene evidencias sobre estas actuaciones, se las trasladen al consejo para iniciar acciones judiciales.

El abogado Felipe Izquierdo, que dirige la Plataforma de Afectados por Abengoa, anuncia su intención de agrupar a accionistas del Banco Popular a la adopción de medidas legales en contra de los miembros del consejo de administración que aprobaron las cuentas de 2016.

Otra accionista, también abogada, se pronuncia en contra de la acción social de responsabilidad ya que «no beneficia a los accionistas al llevar a un proceso de liquidación judicial«, y que «no se ven comportamientos ilícitos en la gestión, sí en la manipulación del valor».