El Gobierno y las comunidades autónomas prevén este martes comenzar a desarrollar la llamada tarjeta social. Este documento, imprescindible para abordar cambios de calado en el sistema de prestaciones, servirá para recopilar todas las ayudas y rentas sociales percibidas por los beneficiarios, sin importar la Administración que las gestione. Según afirma el ministerio de Empleo se trata de mejorar la coordinación entre las distintas Administraciones y evitar que las personas “más vulnerables” puedan perder ayudas.

El Ejecutivo, con competencias en políticas pasivas – el pago de prestaciones y subsidios –, y las comunidades autónomas, encargadas de las políticas activas de empleo – tales como cursos, orientación… – iniciarán este martes los trabajos para desarrollar la llamada tarjeta social.

Este documento, ideado en la Conferencia de Presidentes autonómicos del pasado mes de enero, exige una amplia coordinación de diversos ministerios y organismos. Por ello, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se reunido este lunes con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Dolors Montserrat, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, a fin de adelantar los trabajos que se iniciarán mañana martes.

Según Empleo, la tarjeta social, servirá para ofrecer “una mayor transparencia” a los programas sociales gestionados por las diferentes administraciones públicas. Además, “mejorará la eficiencia” y la “coordinación” de las diferentes administraciones en el diseño y desarrollo de su política social con el objetivo de “evitar situaciones de vulnerabilidad”, aseguran desde el ministerio.

Plan de choque

Paralelamente, el Ejecutivo mantiene con los agentes sociales una mesa por el empleo que tiene entre sus objetivos la reformulación de la política de prestaciones sociales. Aunque el Gobierno condiciona estos cambios a la aprobación de un mapa de prestaciones, los sindicatos aseguran que el Ejecutivo comparte con los agentes sociales la necesidad de reordenar algunas de las ayudas vinculadas al desempleo.

En este mesa se estudian por un lado cambios en el corto plazo, entre los cuales destaca la aprobación de un plan de choque de fomento del empleo de jóvenes y parados de larga duración mayores de 50 años, según afirmaron los sindicatos tras la primera reunión de la mesa el pasado 7 de marzo.

Más adelante, el Ejecutivo parece dispuesto a abordar una reforma en profundidad del sistema de prestaciones por desempleo, según afirmaron en las mismas fuentes. Si bien, afirman desde el Ejecutivo, esta reforma se abordaría después de que esté disponible un mapa de las prestaciones que ofrecen las distintas Administraciones.

Precisamente en este punto influirá la elaboración de la tarjeta social, que proporcionará al Ejecutivo, y al resto de las Administraciones implicadas, una foto fiel de los diferentes programas de ayudas sociales, así como de sus perceptores.